Hace 30 años en España se levantaba 61.422 viviendas al año que solicitaban un régimen de protección pública. En 2020 sólo fueron 914. El año pasado fue anormal por el impacto de la covid en la actividad de la construcción y habría que remontarse a un año atrás, cuando la cifra se quedó en 5.950, el mejor registro desde 2012 en vivienda nueva sometida a distintos regímenes de protección promovidas en el ámbito de los planes estatales de vivienda que afectaban a todas las Comunidades salvo a las forales.
Hace 30 años en España se registraba el inicio de 161.066 viviendas libres. O lo que es lo mismo, por cada 2,62 viviendas libres se construía 1 en régimen de protección. En 2019, la proporción ha cambiado sustancialmente. Ese año en el que las viviendas libres iniciadas fueron 96.353, las solicitudes de calificación de nuevas viviendas protegidas fueron 5.950. La proporción es de una vivienda protegida por cada 16,2 libres. Hay que señalar que en 1995 las solicitudes de calificación de vivienda protegida en nuestro país tocaron su máximo con 117.212 unidades, mientras las libres que se iniciaron fueron 234.583, lo que dejaba la proporción en 2 libres por una protegida.
Cuando estalló la crisis del ladrillo y se paralizó la vivienda libre se alcanzaron las proporciones más bajas de una vivienda protegida por 1,3 libres (2009) 1,2 (2010) o 1,67 (2011).
Los poderes públicos se decantaron en la década de los 90 por impulsar la propiedad de la vivienda frente al alquiler. Fue una política que, en lo que atañía al sector público, venía precedida por los problemas de gestión y de cobro que presentaba el alquiler de las viviendas propiedad de las administraciones.
A finales de la década de los 90, los gobiernos empezaron a priorizar los planes estatales de rehabilitación de vivienda libre, algo que se extendió durante la época del boom inmobiliario y que tras una fuerte caída en los años 2013 y 2014, volvió a cobrar fuerza con las nuevos planes autonómicos a partir de 2015. En 1998, las solicitudes de rehabilitación protegida comenzaron a rebasar la barrera de las 40.000 y en 2003 y 2004 desbordaron las 60.000 llegando a las 66.500. Si en 2014 apenas fueron 14, en 2015 se situaron por encima de las 35.600 y en 2016 y 2017 se aproximaron a las 50.000, en 2019 de redujeron a poco más de 30.000.
Lo cierto es que el crack de 2008 dejó un fuerte volumen de viviendas en stock. En 2017, era de 514.000, de ellas 44.000 en Castilla-la Mancha, según los datos del Ministerio. En los últimos años el mercado ha ido absorbiendo parte de ese parque y se reactivado la obra nueva y el precio del metro cuadrado construido se ha ido recuperando, aunque no alcanza los niveles previos al estallido de la burbuja.
Otro de los factores que ha determinado las tensiones en el mercado del alquiler, además del abandono de las políticas públicas de promoción de la vivienda ha sido el endurecimiento de las condiciones de acceso a los préstamos hipotecarios, lo que expulsa a grandes bolsas hacia el alquiler, tensionando esta opción residencial
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