Según el informe del que son autores los investigadores de FEDEA Julio López Laborda (de la Universidad de Zaragoza), Carmen Marín Morales y José Onrubia (del Instituto Complutense de Estudios Internacionales), de esta corrección, las prestaciones monetarias, fundamentalmente las pensiones, aportan un 70% y el gasto público en sanidad y educación un 23%, mientras que la redistribución alcanzada a través del sistema fiscal se limita al 7% restante y se debe sobre todo al IRPF.
El 60% de los hogares con menor renta bruta son beneficiarios netos de la intervención pública, ya que perciben un subsidio efectivo neto (prestaciones menos impuestos), mientras que el 40% restante es de contribuyentes netos. El tipo neto de gravamen es, como cabría esperar, creciente en renta excepto en la parte más alta de la distribución, donde el tipo efectivo neto cae desde el 25,5% en los centiles 91 a 99 hasta el 25,2 para el 1% de hogares con mayor renta bruta, poniendo de manifiesto que el sistema de impuestos y prestaciones en España agota su progresividad en la parte más alta de la distribución de la renta.
En el caso de Castilla-La Mancha, y como ocurre a nivel nacional, el 60% de los hogares con menor renta son beneficiarios de la intervención de las administraciones públicas (la diferencia entre lo que aportan vía impuestos y lo que reciben vía servicios o prestaciones públicos). Si bien en el caso de nuestra Comunidad el efecto diferencial es mayor que el de la media nacional en ese 60% y es menor en el 40% restante.
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