En concreto, la factura de intereses por los préstamos a largo plazo fue de 15,2 millones de euros frente a la de 28,2 millones de la de un año antes.
También se han reducido los costes de los intereses por los valores de deuda emitida, que han pasado de los 14,4 millones a los 9,1.
Sin embargo, el gobierno tuvo que hacer frente a una mayor cuantía por los gastos financieros de sentencias judiciales firmes, que en el primer trimestre del año pasado se situaron en 301.000 euros y que en el mismo periodo de 2022 se han elevado a 3,22 millones de euros.