Con el primer aluvión de respuestas de las entidades bancarias a las reclamaciones extrajudiciales por las cláusulas suelo, la Administración de Justicia teme el colapso de los tribunales debido a la disconformidad de los clientes afectados.
La vía extrajudicial fue ideada por el Gobierno con el fin de evitar el colapso de la justicia española tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea, que obligaba a los bancos a devolver, con carácter retroactivo, todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo, a las que calificaron de “opacas”. El 23 de enero se instauró la vía extrajudicial, para permitir a las entidades valorar las reclamaciones de los clientes, a las que debían contestar en el plazo máximo de tres meses. Esta vía contemplaba, además, la creación de un órgano de control, encargado de velar por el correcto funcionamiento de todo el proceso.
Hoy se cumple el plazo máximo establecido, todavía no existe ningún órgano de control y las sensaciones, a la espera de conocer la respuesta de los bancos, apuntan a que únicamente se habría retrasado el aluvión de demandas de clientes insatisfechos.
La entidades no facilitan cifras de reclamaciones
Por un lado, la mayor parte de las entidades, como es el caso de Liberbank, no han facilitado los datos del número de reclamaciones recibidas y, en la mayoría de los casos, han sido poco comunicativas a lo largo del proceso. A esto se suma una sentencia del Tribunal Supremo en la que reconoce a Caja Rural de Teruel la validez de su cláusula suelo, al considerar que el proceso de comercialización había sido transparente.
Con la llegada de esta sentencia, los bancos han comenzado a hacer acopio de toda la documentación y comunicaciones mantenidas con los clientes, con el fin de poder acogerse a esta sentencia, demostrando la validez de su cláusula suelo.
Además, muchas entidades de crédito han optado por la denegación sistemática de las reclamaciones, aportando justificaciones vagas e insuficientes, como ya apuntaba Adicae el mes pasado en una carta dirigida al Ministerio de Economía y al Banco Central Europeo.
Con estos antecedentes, fuentes jurídicas apuntan a un incremento de las reclamaciones judiciales en los próximos meses. El número de afectados por la cláusula suelo en toda España ronda los 1,5 millones, por lo que el Ministerio de Justicia estima que derivar todas las reclamaciones a la vía judicial tendría un coste de 26,3 millones de euros para el Estado.
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