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Las declaraciones de los acusados en el juicio por el incendio registrado en una planta de reciclaje de residuos en Chiloeches (Guadalajara) y la supuesta trama criminal en la gestión de los mismos que se sigue en la Audiencia Provincial de Guadalajara han terminado este miércoles con los interrogatorios al maquinista y al peón de descarga del Grupo Layna y este jueves arranca la prueba testifical.

El encargado del pesaje de los camiones de residuos que llegaban a la planta que Layna alquiló a Kuk Medioambiental en Chiloeches (Guadalajara), Alejandro B.M., ha sido uno de los últimos acusados en declarar en la vista oral por el incendio en una planta de residuos peligrosos de esta localidad alcarreña, de tal forma que el miércoles se darán por finalizadas las declaraciones de los 21 investigados en este proceso y el jueves arrancará la prueba testifical.

Los tres hermanos del Grupo Layna, Manuel, Sergio y Pablo, han coincidido en asegurar que desconocían que en la planta de Kuk Medioambiente de Chiloeches que alquilaron "estaban pasando cosas raras", en relación al manejo de residuos y la facturación. Han admitido que empezaron a "mosquearse" al ver, de forma casual, un camión con vertidos en su zona alquilada, responsabilizando de ello al comercial y responsable que tenían contratado en las instalaciones, Juan José G.L.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, ha reclamado más recursos ante el aumento de asuntos que están recibiendo los tribunales de la región en 2021, lo que ha denominado como un "cambio de tendencia" tras la pandemia, y ha instado a los jueces a recuperar la presencialidad en sus sedes "a las puertas de una anhelada normalidad".

La directora general de Calidad e Impacto Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha de 2011 a 2015, Matilde B.C., y la jefa del Servicio de Control de Calidad Ambiental en el periodo de mayo de 2013 hasta la actualidad, Olga V.S., acusadas de un delito continuado de prevaricación administrativa en el juicio abierto por el incendio de Chiloeches se han ratificado en que realizaron el trabajo de sus competencias y han dejado entrever que nunca habían tratado de favorecer a nadie en su trabajo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado como investigados a la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a través de la denominada 'Operación Kitchen'.

Asaja Ciudad Real y los representantes de las Masas de Agua I y II han acordado emprender actuaciones judiciales y demandas ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana para pedir indemnizaciones, tras el perjuicio creado a causa de los controles y aprovechamientos de las explotaciones de regadío.

'Cuenca, en Marcha!', la confluencia conquense de Podemos y Equo, llevará al pleno del Ayuntamiento que se celebrará este jueves una moción "para la devolución de los ingresos indebidos recaudados con la ORA durante el confinamiento de 2020".

El comercial del Grupo Layna en la planta alquilada a Kuk Medioambiente en Chiloeches (Guadalajara) entre 2014 y 2015, Juan José G.L., ha apuntado a los hermanos Layna como responsables de "la trama" de acumulación excesiva de residuos en la instalación y al que fuera viceconsejero de Medio Ambiente en el Gobierno regional, Sergio David González Egido, como el "asesor y mediador" de todo lo que tenía que ver con favorecerlos y ellos "sacaban pecho de ello".

El exalcalde de Chiloeches entre 2011 y 2015, César Urrea (PP) ha asegurado en su declaración como acusado de un delito de prevaricación administrativa medioambiental vinculado con el incendio en una planta de residuos peligrosos de Chiloeches (Guadalajara) que el "jamás" tuvo trato de favor alguno en la tramitación de los expedientes a las empresas gestoras, y que tampoco ha obtenido ningún beneficio por parte de ninguna de ellas por el hecho de que colaboraran económicamente con los festejos del pueblo.

El que fuera viceconsejero de Medio Ambiente en el Gobierno de Castilla-La Mancha, Sergio David González Egido, ha asegurado en su declaración como acusado de un delito de prevaricación administrativa medioambiental tras el incendio declarado en una planta de reciclaje de residuos peligrosos en agosto de 2016 en Chiloeches, que él, en ningún momento dio trato de favor ni a Kuk ni a Layna, ni intervino en la eliminación de alguna inspección y que cuando firmaba los documentos que le llegaban, lo hacía con el convencimiento de que todo era legal.

Los dos primeros exaltos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha que han declarado en el segundo día de la vista oral que celebra la Audiencia Provincial de Guadalajara a raíz del incendio declarado en una planta de residuos peligrosos de Chiloeches han coincidido en afirmar que su actuación con respecto a sus funciones a la hora de dar autorizaciones siempre ha venido precedida por el criterio de los técnicos y que siempre han intentado cumplir la legalidad vigente en ese momento.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que rechaza por falta de objeto el recurso de casación interpuesto por el Gobierno regional contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que denegó la ratificación de algunas de las medidas adoptadas, en resolución de 13 de mayo, en el término municipal de Quintanar del Rey (Cuenca) para contener la expansión del COVID-19 tras el cese del estado de alarma.

  • La paralización de la ratificación del acuerdo de fondos europeos abre una brecha de casi el 10% del presupuesto de gastos de nuestra Comunidad

Cuando el Constitucional alemán tose, España tiembla y Castilla-La Mancha tirita. Una decisión del Alto Tribunal germano deja bloqueados 892 millones de euros que nuestra Comunidad tiene previsto recibir este año. Representa el 9,2% del gasto no financiero que va a desarrollar el gobierno regional durante 2021. Y con los ingresos bloqueados, los gastos se paralizan.

El número de mujeres víctimas de la violencia de género Castilla-La Mancha así como el número de denuncias presentadas en los órganos judiciales de la región durante 2020 disminuyeron un 7,6 % y un 8,4 %, respectivamente, con respecto a 2019, al igual que el número de órdenes de protección, que cayó un 15,6. Las denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha en 2020 fueron 5.541, frente a 6.051 de 2019.