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La Ley contra la privatización sanitaria impacta en el programa de derivaciones de CLM, de 74 millones de euros
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La Ley contra la privatización sanitaria impacta en el programa de derivaciones de CLM, de 74 millones de euros

Por CLM21
lunes 20 de junio de 2022, 22:05h

El gobierno de España aprobó la pasada semana el proyecto de Ley de Equidad Sanitaria para limitar la gestión indirecta por empresas privadas de la asistencia, en un intento de blindar el sistema nacional de salud contra la privatización. En esa fecha, nuestra Comunidad llevaba ya gastados en los cinco primeros meses del año 20,8 millones de euros en pruebas, operaciones, hospitalizaciones y tratamientos de pacientes por empresas privadas, aunque tenía comprometidos otros 1,3 millones más. En 2018, 2019 y 2020, los pagos a compañías sanitarias privadas por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha no bajaron en ningún ejercicio de los 74 millones de euros. Y en los once primeros meses de 2021 -falta por hacerse públicos los datos de diciembre- el gasto en esta materia era de 41,2 millones de euros.

La batalla política está planteada entre los socios del gobierno de coalición. Podemos defiende la gestión directa por los servicios públicos; “ni preferente ni con excepciones”, lo que ha llevado a los morados a anunciar su voto en contra “si no hay garantías contra la privatización”.

En el PSOE en cambio se defiende que, de forma excepcional, justificada y motivada objetivamente, y solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos que integran el Sistema nacional de salud, se podrá acudir a la gestión indirecta. Para ello, las distintas administraciones públicas deberán, de acuerdo con lo que establezca en su caso la normativa autonómica de desarrollo, motivar: La utilización óptima de sus recursos sanitarios propios, la insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones y la necesidad de recurrir a fórmulas diferentes de la gestión directa.

Desde los últimos años del gobierno del Partido Popular en nuestra Comunidad y con el sistema sobrepasado por las listas de espera, con una caída de personal sanitario y con parte de la tecnología obsoleta y con unos hospitales envejecidos, se inyectó dinero al sistema para derivar pacientes a las clínicas privadas y mejorar la asistencia y los datos de gestión. Ocho años después, esos programas continúan, al tiempo que se ha procedido a la ampliación de las plantillas, un plan de renovación tecnológica y la modernización del sistema hospitalario.

En 2018, se llegó a alcanzar el récord con una facturación por parte de las compañías privadas a la Comunidad Autónoma de casi 77 millones de euros. La mayor parte de esos fondos (48,17 millones) se destinó a tratamientos. Otros 21,17 corresponden a intervenciones quirúrgicas fuera del sistema público, 5,2 a pruebas diagnósticas y el resto a hospitalizaciones, en las que el mayor coste fue en centros de salud mental. A esa cuantía habría que sumar un quinto bloque, el del transporte sanitario (terrestre y aéreo) que ese año supuso un coste de 64 millones de euros y que el año pasado a 30 de noviembre la facturación llegó a los 85,63 millones.

Pero qué es lo que externaliza el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Además del transporte, porque se carece de una infraestructura adecuada, las partidas a la que se destinan más fondos para la atención por compañías privadas son algunas cirugías urgentes, como la cardiaca (10,65 millones en 2018), otras generales (10,5 millones), la diálisis (15,2 millones), las terapias respiratorias (20,88 millones) y los procedimientos de radioterapia (9,4 millones). Aunque hay otras terapias como la de fecundación in vitro (1,17 millones) y pruebas diagnósticas especializadas, entre las que destacan las resonancias magnéticas (2,2 millones) o las tomografías (1 millón). En ese año, el programa de atención integrada a la salud en Castilla-La Mancha se elevó a 2.679 millones de euros, de los que más de la mitad (1.369,7 millones), se destinó a cubrir las nóminas del personal sanitario de la Comunidad, otros 746 a compras de bienes y servicios (en los que se incluyen las derivaciones para la atención y para el transporte sanitaria) y otros 535 millones para el pago a las farmacias por las recetas de medicamentos.

El proceso de inversión en nueva tecnología, el aumento de plantillas y la pandemia han incidido en estos programas de externalización. En 2020, con la covid saturando los hospitales y las unidades de cuidados intensivos, el gobierno regional incrementó las derivaciones quirúrgicas, que llegaron a suponer una factura de 25 millones de euros, 11 en intervenciones generales y 14 en cirugías cardiacas. También aumentaron los gastos en pruebas diagnósticas, en un sistema en el que se tomó a centros privados como segundo circuito. De los 5,28 millones de 2018 o los 4,97 de 2019, en 2020 subió a 6,77 millones. También aumentó la factura de tratamientos con radioterapia a enfermos de cáncer, hasta llegar a duplicarse, desde los 9,3 millones en 2019 a los 18,56 en 2020.

El año pasado y a falta de sumar las facturas de diciembre, en los 11 primeros meses del año, el programa de derivaciones sanitarias alcanzaba los 62,7 millones de euros, aunque el gobierno tenía comprometidos mediante contratos otros 12 millones de euros más, lo que de llegar a facturarse habría igualado o superado ligeramente las cifras de todo 2020.

Hasta la fecha las autoridades regionales no han explicado de forma detallada el alcance real del covid en el programa de externalización. De hecho, en 2021, con el proceso de vacunación masiva de la población y el inicio del control de la pandemia, tan sólo en los 11 primeros meses las derivaciones para resonancias magnéticas habían aumentado un 29,5% y para tomografías un 33%. En paralelo, el gasto en endoscopias en clínicas privadas se había reducido un 7,4%, el de radiología general un 22,25% y el de radiología especial, un 14,5%. El caso más llamativo fue el de las derivaciones para cirugías cardiacas que se rebajó en 4,2 millones de euros, lo que suponía una reducción del 52%.

La vuelta a cierta normalidad, tras una reducción del impacto de la pandemia en hospitalizaciones y ocupación de camas de cuidados intensivos, viene a marcar el futuro del programa que se impulsó en 2014 y que se ha mantenido hasta la fecha con ciertas variaciones, pero en cuantías similares. A día de hoy, en los cinco primeros meses del año, el gobierno lleva gastados 20,77 millones de euros, aunque tiene firmados contratos y compromisos por otros casi 30 millones de euros.

Una vez que se tramite la ley y si no varía el texto propuesto por el gobierno central, la Comunidad quedará a lo que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, compuesto por las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España, sobre las excepciones para las derivaciones, especialmente en lo que se refiere a la insuficiencia de medios propios.

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