Hasta ahora, las medidas han sido también a salto de mata, y han demostrado su ineficacia. Corremos el riesgo -el gobierno y los ciudadanos- de que sobre determinados fundamentalismos ideológicos trasnochados se persista en el error. Los ciudadanos se seguirán empobreciendo y el gobierno perderá las elecciones y dejará un país quebrado.
El gobierno debe renunciar a parte de los ingresos caídos del cielo por la subida de precios, especialmente de combustibles, energía y bienes de consumo. Y debe hacerlo mediante la política fiscal. Debe deflactar el impuesto sobre la renta, disminuir las retenciones fiscales a trabajadores por cuenta propia o ajena, lo que inyectará dinero a la mayoría de la sociedad. Esas medidas deben incluirse en el pacto de rentas, en el que las administraciones deben ser los terceros firmantes junto a empresarios y sindicatos. Debe rebajar la fiscalidad al combustible, de manera que el sector del transporte pueda respirar y no se ve abocado a una huelga que ponga en peligro la cadena alimentaria (agricultores y distribuidores). Esas medidas deben complementarse con un incremento fiscal a los mayores beneficiarios de la subida de precios. Y qué pasa con aquellos trabajadores que no puedan beneficiarse de la rebaja de la renta y de las retenciones porque no lleguen al mínimo. Es a esos a los que se les deberá complementar sus ingresos no con una cantidad fija, sino variable en función del porcentaje que les falte para llegar al mínimo, ese en el que ya se empieza a retener al resto de los contribuyentes.
La política fiscal es la herramienta más adecuada. Exige un sacrificio inicial del gobierno de renunciar a parte de esos ingresos que ha tenido de forma extraordinaria por la subida de precios. Pero parte de ese dinero tendrá un retorno. Empresarios y sindicatos deben adecuar también sus posiciones y llegar a un equilibrio que permita luchar contra el principal problema que nos afecta a todos, que ha convertido a la mayoría de los españoles en vulnerables.
Esas medidas fiscales deben ir acompañadas de un ajuste del gasto. No se trata de fijarse sólo en los grandes números del presupuesto (pensionistas y empleados públicos, que son pilares del sistema económico y social), sino en lograr la eficacia en el resto de los gastos, incluidos aquellos que en política se conoce como “el chocolate del loro” y que normalmente son los gastos en nómina política y suntuaria. No estaría más que el gobierno diera ejemplo de sacrificio y recortara su estructura y sus gastos de funcionamiento
Si las medidas que se adopten el sábado no alcanzan a las clases medias y se queda sólo en lo que el gobierno considera “más vulnerables”, el plan será la ruina política para el gobierno y no solventará el problema económico de la mayoría de las familias españolas. El Eurobarómetro que elabora el Parlamento Europeo concluye que siete -¡siete!- de cada diez españoles no se ven capaces de hacer frente al alza de precios de la energía y los alimentos.