Precisamente esta última tratará de armonizar la estrategia de obtener la soberanía energética con el desarrollo de plantas solares y eólicas con la protección de determinadas zonas atendiendo a la biodiversidad o la agricultura. Esta es una reivindicación de determinados sectores, entre ellos el del vino, que consideran que este tipo de instalaciones perjudican al sector en determinadas zonas, como pusieron de manifiesto varias bodegas de la Denominación de Origen Méntrida.
Castilla-La Mancha vive el boom de renovables en una carrera por ser la primera Comunidad con capacidad productiva en este sector. En 2021 cerró el año en la tercera plaza. Un boom que se ha disparado con la subida de los precios de la energía y los combustibles, que ha agravado el conflicto en Ucrania. El gobierno regional tiene como objetivo doblar en 2030 la potencia instalada en 2021.
No sólo es el sol o el viento, nuestra Comunidad cuenta con infraestructura para la distribución de la energía producida, con tres grandes ejes: hacia el este, hacia el oeste y hacia el sur, aunque Madrid es la Comunidad que más consume la energía que se produce en nuestra Comunidad.
Nuestra Comunidad, se ha convertido en objeto de deseo de las grandes compañías, no sólo nacionales, también europeas. Muchas de estas últimas se han lanzado a la compra de proyectos ya aprobados pagando cifras millonarias y, en otros casos, a promover nuevas iniciativas: La italiana Enel, la portuguesa EDP, la sueca OX2, la inglesa Nexwell Power, la china Three Gorges, la austriaca Verbund, la alemana RWE o gigantes de otros sectores, como Amazon o Ikea.
Pero la agenda legislativa pendiente no sólo afecta a los sectores económicos. Destacan la ley de la infancia y la familia, que está casi ultimada, la Ley de Atención Temprana, cuya tramitación parlamentaria está previsto que se inicie en la segunda quincena de septiembre.
Será en esa fecha cuando el gobierno también dé el visto bueno al proyecto de ley de presupuestos. Primero deberá aprobar el techo de gasto. El de 2022 está establecido en 7.577 millones de euros.
También está previsto que durante el último tramo del año se apruebe la Ley regional de la Vivienda.
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