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LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA SIN PACTO EN CLM, SIN CONSENSO NACIONAL Y SIN ACUERDO ENTRE REGIONES
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LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA SIN PACTO EN CLM, SIN CONSENSO NACIONAL Y SIN ACUERDO ENTRE REGIONES

martes 20 de junio de 2017, 23:48h

Falta poco más de mes y medio para que la comisión de expertos creada para estudiar un nuevo modelo de financiación autonómica emita su dictamen y Castilla-la Mancha todavía no ha cerrado una postura de consenso de cara al debate del modelo que establecerá los fondos que recibirá la región durante los próximos años para atender los servicios públicos de su competencia, fundamentalmente la sanidad, la educación y los servicios sociales, además de las infraestructuras de competencias propias.

Ese distanciamiento también se produce a nivel nacional y entre comunidades, por lo que las reformas que aconsejen los expertos el próximo 10 de agosto pueden quedar en vía muerta y provocar una nueva prórroga del actual modelo que venció en 2014.

Se mantiene el debate entre los que defienden la autonomía fiscal de las regiones y los que pretenden armonizar los impuestos autonómicos para garantizar sus subidas

Las posiciones están muy distantes entre los tres grupos con representación parlamentaria. Ese distanciamiento es patente en el actual modelo. Mientras Podemos es partidario de ampliar la presión fiscal sobre los castellano-manchegos tanto en IRPF como en Patrimonio, el Grupo Popular aboga por no modificar el tramo autonómico y emplear más las deducciones regionales. Por su parte el PSOE, se ha mostrado de acuerdo con la formación morada para llevar a cabo una reforma de la Ley de Hacienda en 2018 y subir el tramo autonómico del IRPF y aumentar la presión en Patrimonio.

En la actualidad Castilla-La Mancha no ha modificado el tramo autonómico del IRPF y mantiene los mismos tipos y niveles de tributación que en el tramo estatal. Sí ha modificado los tributos de gestión propia: sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. PSOE y Podemos llevaron a cabo una modificación al alza de estos impuestos en 2016 con la seguridad de que esta iniciativa supondría una mayor recaudación para las arcas autonómicas.

Sin embargo los datos, revelan que no ha sido así y que se ha producido el efecto contrario. El Grupo Popular mantiene que se ha producido una fuga de empresas y personas a comunidades vecinas para evitar esa subida de impuestos. Las estadísticas de los movimientos empresariales vendrían a corroborar esta tesis.

De hecho el propio presidente de la Junta de Comunidades ha reclamado una armonización fiscal de estos impuestos entre regiones para evitar que se pueda tributar más en una Comunidad que en otra. Sin embargo otros gobiernos socialistas, como el de Baleares, defienden la autonomía de las regiones no sólo en la decisión sobre los gastos, también en los ingresos bajo la premisa que esa es la esencia del Estado Autonómico actual, al igual que la de un modelo federal por el que aboga el PSOE. Esa discrepancia se da también en el seno del PP. Mientras Madrid defiende la autonomía fiscal, Castilla y León promueve la armonización.

En medio de este debate, en algunas Comunidades en las que los tipos fiscales son más altos, como Aragón o Andalucía, se ha iniciado unos movimientos sociales y manifestaciones populares ampliamente secundadas reclamando la supresión del impuesto de sucesiones, al que llegan a calificar de confiscatorio. En la actualidad este impuesto deja al conjunto de las regiones españolas 2.500 millones de euros, de ellos 400 en Andalucía. En el caso de Castilla-la Mancha este impuesto que grava las herencias y las donaciones dejó en las arcas de la Junta 70,63 millones de euros. Para este año 2017, el ejecutivo de García-Page pretende recaudar 86 millones de euros por sucesiones y 21,62 por donaciones. Sin embargo los datos reales de finales de mayo (26,5 y 3,5 millones respectivamente) distan mucho de esas previsiones.

En 2015, antes de la subida fiscal, la Junta recaudó 82,38 millones de euros, es decir 11,75 millones más que con la subida fiscal. En su conjunto la reforma tributaria pactada por Podemos y POSE provocó un agujero en las arcas de castilla-la Mancha en 2016 de 108 millones de euros.

El debate entre Comunidades se centra, pues, en dos posturas, los que defienden la autonomía y los que tras ejercer esa autonomía y aumentar impuestos han visto que se ha producido una fuga de personas y empresas a otras regiones con fiscalidad más baja y, por tanto han recaudado menos. Ahora estos quieren que se limite esa capacidad de cada región. Hasta el momento nadie ha aportado una fórmula que case ambas posturas y que aumente la independencia de las administraciones regionales para que estas puedan alcanzar una autonomía fiscal que equivalga al 30 o el 40 por ciento de sus ingresos fiscales.

A nivel de partidos, discrepancia entre las formaciones de izquierdas que abogan por los incrementos fiscales y los de centro derecha que promueven su mantenimiento o la rebaja

En estas circunstancias, el 10 de agosto, la comisión de 21 expertos –cinco nombrados por el gobierno y 16 por las Comunidades Autónomas- emitirá su dictamen. Hasta ahora lo poco que ha transcendido de las posturas pivota en torno a esa posible armonización de los impuestos transferidos a las Comunidades autónomas para su gestión, la condonación paulatina de la deuda pública a las Regiones para que puedan liberar parcialmente fondos con los que sufragar sus políticas de gasto y la creación de un suplemento del IVA. Ese suplemento supondría que las regiones podrían incrementar los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido y destinar esa recaudación extraordinaria para su financiación. El problema es que por su naturaleza este impuesto no puede dividirse territorialmente y esa subida debe ser colegiada, debe ser aprobada por todas y para todas las regiones.

En esa Comisión el representante nombrado por Castilla-La Mancha es Jesús Fernando Santos Peñalver, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El choque entre las posturas autonómicas hace difícil el acuerdo del nuevo modelo de financiación que sustituya al actual, que debería haber finalizado en 2014. El documento del grupo de expertos deberá ser estudiado por las diferentes regiones que, posteriormente deberán plantear sus propuestas definitivas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que deberá aprobar el nuevo modelo de financiación.

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