La cifra supera a la alcanzada en todo 2021, que ascendió a 5,9 millones de euros. En 2020, el gobierno castellanomanchego tuvo que pagar 12,07 millones de euros por este concepto, equivalente al 6% del total de los gastos financieros de la Comunidad Autónoma. En 2019, la cifra por este concepto llegó a los 12,02 millones.
En el presupuesto de este año, la Junta lleva pagados 86,27 millones de euros en gastos financieros, de ellos 60 por intereses de créditos a largo plazo, 19,8 por los valores de deuda y el tercer concepto más cuantioso es el de las sentencias judiciales, con 6.025.690,11 euros.
Por otro lado, el ejecutivo lleva recaudados 18 millones de euros por multas y sanciones, de ellos 1.759.500 euros por infracciones en materia de salud y prevención de riesgos laborales.
La cuantía recaudada por multas y sanciones durante los diez primeros meses del año supera la de todo 2021, cuando el gobierno regional ingresó 16,7 millones de euros por este concepto, de ellos 1,73 por infracciones en materia de salud y prevención de riesgos laborales.