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A la izquierda, Jesús F. Santos Peñalver, experto designado por CLM para la negociación del nuevo modelo de financiación, junto a la consejera de Economía, Patricia Franco
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A la izquierda, Jesús F. Santos Peñalver, experto designado por CLM para la negociación del nuevo modelo de financiación, junto a la consejera de Economía, Patricia Franco

Nuevo modelo de financiación: La Junta tendrá más dificultades para obtener créditos y serán más caros

domingo 09 de julio de 2017, 22:53h
La Junta se quedará sin el paraguas financiero del Estado con la desaparición del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y tendrá mayores problemas para refinanciar su deuda y las nuevas operaciones de crédito que realice tendrán inicialmente unos costes financieros más elevados, que deberán ser cubiertos reduciendo otras partidas del gasto destinado a los servicios públicos.

La medida de supresión del FLA forma parte de la propuesta que ultima la comisión de expertos sobre el nuevo modelo de financiación que debería entrar en vigor en 2018. Esa propuesta contempla que las Comunidades acudan directamente a los mercados para obtener dinero a crédito, a fin de volver a un sistema financiero normalizado.

El FLA garantiza el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas y el cumplimiento de las obligaciones financieras adquiridas

El FLA fue un mecanismo que se pudo en marcha en 2012 en plena crisis para dar cobertura a las Comunidades que no podían acceder a los mercados a financiarse y para garantizar los pagos de los gobiernos regionales. En la actualidad el FLA mantiene ese fin de facilidad financiera de los gobiernos autonómicos y también está destinado a las Comunidades que incumplen los objetivos de déficit y deuda y los plazos de pago a proveedores (sesenta días desde que se presentan las facturas, que puede llegar a pago en 90 días naturales). En estos casos garantiza que los proveedores de esos gobiernos cobran y que además esas Comunidades pagan sus obligaciones financieras, ya que es el Estado el que controla el dinero. De hecho algunas facturas de proveedores de Castilla-La Mancha están siendo abonadas directamente por el Ministerio de Hacienda con cargo al FLA. La desaparición del FLA supondría el fin de un sistema que garantizaba a los proveedores el cobro de las facturas emitidas a las Comunidades Autónomas.

El gobierno de Castilla-La Mancha es de lo más endeudados del país. Cerró 2016 con una deuda de 14.055 millones de euros y en marzo de este año era de 14.016 millones. De ese dinero, la mayoría proviene del FLA. Durante los últimos años, el gobierno regional ha ido dando prioridad al FLA como proveedor financiero.

Si a finales de 2015 la Junta debía a los bancos 3.370 millones de euros, tenía 1.490 millones en valores de deuda y debía al estado 8.531 millones de euros, dos años después, a finales de 2017, pretende que su deuda con las entidades de crédito se reduzca a 2.439,5 millones, que los valores en circulación hayan caído a los 1.240 millones. Sin embargo las operaciones a través del Fondo de Liquidez convertirán al Estado en su mayor prestamista, al que a finales de diciembre tiene previsto deberle 10.607,73 millones de euros.

La cuestión es si la comisión de expertos que estudia el modelo de financiación propondrá y, posteriormente se aprobará, una quita parcial de la deuda de las autonomías con cargo al FLA. Existe una fuerte división entre los expertos, que lo mismo que proponen un regreso a la normalidad en la financiación creen –un sector- que no se puede premiar a aquellas regiones que incumplen la ley de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera.

La deuda de Castilla-la Mancha está a un solo escalón de alcanzar la calificación de especulativa o bono basura. Se sitúa, de momento en el último nivel del grado medio inferior, de "moderado riesgo de crédito". A peor calificación de la deuda, más dificultad de financiarse en los mercados y de, conseguirlo, a precios más caro.

Castilla-La Mancha incumplió en 2015 y 2016 el objetivo del déficit y el de deuda, que a final de 2016 se situó en el 37% del PIB, dos puntos por encima del objetivo de obligado cumplimiento.

Las proyecciones de la AIREF adelantan que castilla-la Mancha tampoco cumplirá en 2017, 2018 y 2019 los límites de endeudamiento. Prevé que a final de este año se quede en el 36,6 por ciento en lugar del 35% establecido, en 2018 en el 36,4, superando en 2,4 puntos el límite en 2019 en el 36,3, con lo que se rebasaría el objetivo marcado para nuestra región en 3,5 puntos y en 2020 en el 36 por ciento del PIB. Durante el primer trimestre de este año, la Comunidad logró rebajar medio punto su endeudamiento por una reducción de 39 millones en el total de la deuda viva, que se situó en 14.016 millones de euros, y por el incremento del PIB.

El grueso de la deuda de Castilla-La Mancha se generó durante el último ejecutivo socialista, entre 2008 y 2011, años en el que el déficit autonómico ascendió a 9.629 millones de euros. Ese déficit provocó el correspondiente impago a los proveedores. La situación se subsanó convirtiendo la deuda comercial en deuda financiera, con la cobertura del Estado. Un dato que da idea de la magnitud del problema generado en ese periodo es que un año antes de iniciarse el caos financiero de Castilla-la Mancha, en 2007, el déficit generado fue tan sólo de 113 millones.

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