Con todo, la cuantía supera en 180 millones de euros (29,4%) la invertida durante 2021, gracias al impulso de los fondos Next Generation. En total, las administraciones públicas españolas destinaron durante el pasado año 11.481,1 millones de euros a edificación, de los que 10.418,2 fueron de carácter no residencial. De esa cuantía, 6.493,9 millones fueron para obras de equipamiento social (1.464 millones en obras de carácter docente; 2.306, sanitario; 1.077, deportivas y el resto en instalaciones varias). Los 3.924 millones de euros restantes de obra residencial se repartieron entre obras de centros administrativos (1.957 millones), industriales (422 millones) y terminales (1.545).
De los 18.593 millones invertidos en obra civil, 9.903 se destinaron a infraestructura de transportes, con 4.578 millones en carreteras y 4.835 en ferrocarril. El resto se invirtió en puertos. Las obras hidráulicas acapararon 3.420 millones en inversiones públicas, de ellos 1.727 destinados a redes de abastecimiento y colectores; 1626,7 a depuradoras y desaladoras y el resto a presas y embalses.
En obras de medio ambiente, las administraciones públicas licitaron 672,9 millones de euros, la mayor parte (296 millones) a parques y jardines. Las obras de recuperación y prevención se beneficiaron de 175 millones y los 201,4 millones restantes se destinaron a tratamientos de residuos
Finalmente, las obras de urbanización supusieron una inversión licitada de 4.596 millones de euros.
En total, las administraciones públicas españolas licitaron obra por valor de 30.047 millones de euros, un 27,9% más que en 2021. El mes de mayor volumen económico de las licitaciones públicas fue diciembre, con 3.705 millones de euros.