Así lo ha avanzado este lunes el presidente de la Cámara autonómica, Fernando Andújar, a preguntas de los medios tras el acto de entrega simbólica de los datos de la Cuenta Anual de Castilla-La Mancha del ejercicio 2021, de manos del consejero del Departamento de Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas del Tribunal de Cuentas, Padua Ortiz de Mendivil.
De este modo, la comisión parlamentaria será el paso previo a la aprobación definitiva de este reglamento en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, un proceso que no se verá interrumpido por los comicios del mes de mayo, ha señalado Andújar.
Paralelamente a este proceso de oficialización del reglamento, la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha comenzará "en próximas semanas" a fiscalizar las cuentas de 2021 de la Comunidad autónoma mediante un "trabajo concienzudo", con criterios de rigurosidad e independencia.
Se abre así un procedimiento de auditoría reglado, de análisis de contabilidad pública, de gasto, de los contratos de subvenciones y que "abarca todo el sector público". "No es algo pequeño", ha afirmado Andújar, puntualizando que la labor la llevan a cabo auditores de este órgano, tres de ellos ya contratados, aunque la idea es completarlo con un cuarto.
"No es un análisis político, es absolutamente técnico", ha remarcado el presidente de este órgano, que ha advertido que si se producen irregularidades contables, ya entraría el Tribunal de Cuentas para enjuiciar en este tipo de irresponsabilidades.
Actualmente, en la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, con sede en el Palacio de Benacazón, trabajan 15 personas, al 50 por ciento de su plantilla total, pues se espera poder llegar a las 35 personas. Se trata de funcionariado de la Junta, diputaciones y ayuntamientos, ya que no se ha establecido contratar a ninguna persona fuera de estos órganos públicos.
La Declaración de la Cuenta General de Castilla La Mancha será la primera fiscalización que asumirá la actual Cámara de Cuentas tras su reciente restablecimiento por las Cortes de Castilla-La Mancha. Hasta el momento el Tribunal de Cuentas se hacía cargo de esta fiscalización de la Comunidad autónoma, que ha realizado hasta el año 2020.
La ley de Sindicatura de Cuentas en la región se remonta al año 1993; en 2014 se acordó su disolución, bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal, y fue el Tribunal de Cuentas quien realizó la función fiscalizadora, hasta que en el año 2021, bajo el mandato de Emiliano García-Page, se retomó el trámite parlamentario para constituir un órgano propio, presidido por Fernando Andújar, que en junio de 2022 tomó posesión.
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