Uno de los recortes más llamativos aplicados por el gobierno de García-Page es el que aplicó a las ayudas a ciudadanos y ayuntamientos para el fomento del empleo autónomo o de personas con discapacidad. El gobierno solo gastó 1.800 euros de los 1.981.000 que tenía, lo que supone que el recorte fue del 99,91 por ciento.
Los programas de Fomento del Empleo, considerados prioritarios, también se vieron afectados por los recortes del Gobierno de García-Page. Así de los 20 millones finales para orientación e intermediación en el mercado de trabajo, el gobierno solo gastó 4,89, de los que 3,79 se corresponden con nóminas del personal, incluidas la del viceconsejero.
La partida de políticas activas de empleo en la que el tijeretazo fue mayor fue la destinada a subvencionar los diferentes planes de empleo. De los 103 millones para ayudas a fomento del empleo, sólo se gastaron 60,75. La tijera afectó a todas las partidas, desde la destinada a la integración laboral de los discapacitados, hasta los contratos temporales a través de los ayuntamientos, pasando por los contratos de colaboración social, el autoempleo, las ayudas a las empresas para contratos en prácticas y las ayudas especiales para los afectados por los expedientes de regulación de empleo.
De los 96,5 millones para Formación profesional para el empleo, el gobierno solo dispuso de 32,5 millones y de los 34,9 millones para ayudas en los programas mixtos de formación y empleo, el gobierno solo se gastó 10,2 millones. Los recortes en las ayudas de este último programa afectaron a las ayudas salariales para contratos de formación.
En materia de ayudas a viviendas y soluciones habitacionales, considerada prioritaria tanto por Podemos como el PSOE, el gobierno consignó una partida de 9,49 millones para ayudas a familias y organizaciones no gubernamentales sin fin de lucro. A final de año, esta que era una de los ejes del pacto y una de las líneas básicas de emergencia ciudadana había dejado sin gastar 4,22 millones.
También metió la tijera a la renta básica y a las ayudas de emergencia social y de vivienda
El recorte en vivienda también afectó a las ayudas a la rehabilitación y las subvenciones para que los municipios pudieran desarrollar los programas de vivienda. En rehabilitación, el Gobierno presupuesto inicialmente 10,36 millones de euros, pero a lo largo del ejercicio incremento la partida hasta los 17,28. A final de año solo había reconocido obligaciones por 4,55 millones. Las ayudas a los ayuntamientos para programas de se recortaron un 99,73. Por su parte, de las partidas de ayudas a las corporaciones locales en materia de urbanismo, el Gobierno sólo ejecutó el 4 por ciento.
En materia de Bienestar Social, de los 56,67 millones para ayudas en programas sociales básicos el gobierno recortó a los más necesitados 5,5 millones de euros en ayudas. Cubrió el plan de pobreza energética dotado con 1,5 millones, y los recortes afectaron a las ayudas a domicilio, los servicios sociales de asistencia y a la integración social de los excluidos.
De los 25 millones para pensiones y prestaciones asistenciales, el gobierno solo gasto 15 millones. En ese grupo figuran las partidas de emergencia social. Inicialmente se habían previsto 6,55 millones, se subió hasta los 7,71 millones, sin embargo el gobierno de García-Page sólo hizo llegar a los ciudadanos más necesitados ayudas por 4,8 millones y recorto casi 3 millones de euros.
De los 8,25 millones para el ingreso mínimo de solidaridad, contemplados en el Plan de Emergencia el gobierno recortó más de 2 millones. De los 21 millones destinados a ayudas en el programa de atención a mayores, el gobierno solo se gastó 9,8. Esos fondos cubren parte de la atención en residencias y a los programas especiales de atención.
De las tres partidas de ayudas del programa de atención a la dependencia, que contemplan los presupuestos, el gobierno recortó 34 de los 106 millones de euros consignados. El capítulo más afectado por estos recortes fue el destinado a las ayudas para el cuidado de los dependientes que dejó sin gastar casi 21 millones de los 102,45 millones presupuestados.
Mientras se producían estos recortes en los servicios públicos considerados de emergencia, el gobierno incrementó los fondos destinados a la sanidad privada, a través de derivaciones de pacientes desde el sistema público. Así hubo partidas como la destinada a financiar las endoscopias en clínicas privadas en la que el gobierno llego a gastar más de un 1.800 por cien del presupuesto aprobado por el Parlamento. De hecho, las mayores desviaciones entre incrementos del gasto en atención por la medicina privada a pacientes del servicio público de Salud se produjeron en pruebas diagnósticas. Tanto en tomografías, como en ultrasonidos el gobierno de García-Page superó en más de 3,5 veces el presupuesto aprobado por las Cortes por el PSOE con el apoyo de Podemos.
Descontados los gastos de ambulancias, el gobierno superó en 6,37 millones que aprobó el Parlamento para atenciones en centros privados. Paralelamente, el gobierno gasto por debajo del fondo que tenía para sustituciones y refuerzo del personal médico del servicio público de salud. Así en las partidas para retribuciones básicas de ese personal eventual el gobierno dejó sin gastar más de 1,25 millones de euros.
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