El frenazo a la inversión pública que el gobierno regional aplicó en 2016 afectó a dos de cada cinco euros presupuestados. Los recortes aplicados a lo largo del ejercicio a los compromisos anunciados de inversiones en infraestructuras se elevaron a 60 de los 150 millones consignados. Los programas que más se vieron afectados por los recortes y los retrasos afectan fundamentalmente a los nuevos centros sanitarios, a la investigación, a la creación de carreteras y a la protección del medio ambiente.
El gobierno infló los ingresos para dar cobertura a todos los gastos y obtener el apoyo de Podemos. Una vez aprobado el presupuesto, el gobierno recortó los gastos
Estos datos están recogidos en el documento que el gobierno regional mantiene. Los datos se conocen justo en el momento en el que el ejecutivo ha anunciado la remisión a las Cortes del proyecto de ley de presupuestos para 2017, que tiene previsto negociar con Podemos. El documento oculto revela la notable diferencia entre los principales compromisos anunciados por el gobierno y su materialización real.
Además el gobierno también aplicó el recorte a los fondos que transfiere a empresas, ayuntamientos y colectivos. En este caso, la cantidad recortada fue de 214 millones de euros. Esa cuantía se suma a otros 200 millones en las ayudas sociales de los que ya ha informado clm21.es y que afectan fundamentalmente a los programas de bienestar social y empleo.
El frenazo a la inversión, el recorte en más de 200 millones de las ayudas sociales y de otros 214 millones de ayudas a la inversión permitieron al ejecutivo quedarse en puertas de cumplir con el objetivo del déficit.
Recortes sociales y enfriamiento de las relaciones con Podemos
Para obtener el apoyo de Podemos a la ley de 2016 el gobierno consignó unos ingresos inflados. La situación presupuestaria se complicó aún más cuando su reforma tributaria se mostró fallida y no le hizo ingresar más fondos, sino al contrario, los ingresos cayeron. El gobierno entonces que estaba bajo especial seguimiento del Ministerio de Hacienda por el fuerte déficit de 2015, procedió en silencio a un brusco frenazo a los principales proyectos y ocultó el documento que ponía en tela de juicio toda su acción de gobierno en 2016 y comprometía la de 2017.
El gobierno aplicó el frenazo al mismo tiempo que enfrió las relaciones con Podemos, que terminó por romper el pacto de investidura en septiembre pasado. Con la necesidad de aprobar el proyecto de 2017, el gobierno trató de retomar las relaciones con la formación morada y volvió a presentar a Podemos un documento de similares características al de 2016, lo que le valió llegar a un principio de acuerdo que quedó roto durante la tramitación parlamentaria.
El gobierno gasta más sin presupuesto
Tras ese rechazo, el gobierno llevó a cabo una operación con colectivos sociales criminalizando el rechazo del Parlamento a su presupuesto y muy particularmente a Podemos. El eje principal era que el rechazo impedía llevar a cabo las subvenciones, las ayudas y las inversiones. Sin embargo, los datos de junio de 2017 revelan que durante el primer semestre de este año el gobierno ha gastado en actuaciones 3.025 millones de euros frente a los 2.932 del año pasado. Tanto en un caso como en otro el presupuesto no financiero es el mismo 7.114 millones de euros.
Estos datos contradicen parte de los mensajes que el gobierno realizó masivamente contra Podemos y que llevó a cabo reuniéndose con diferentes colectivos sociales. Era la campaña contra lo que el gobierno regional denominó oficialmente “puñalada trapera” de Podemos. Los morados que habían prestado su apoyo para la investidura y para los presupuestos de 2016 fueron traicionados en la ejecución de los acuerdos, incluido el presupuestario, y encima fueron criminalizados.
Así es el documento que el gobierno oculta
El documento al que ha tenido acceso clm21.es debería haber estado publicado en el portal de transparencia de la Junta de Comunidades, pero el gobierno buscó una interpretación muy subjetiva de la ley para evitar que los datos pudieran ser accesibles para todos los ciudadanos. La versión a la que ha tenido acceso clm21.es es del de abril de 2017.
En 276 páginas se detalla la ejecución a 31 de diciembre partida por partida tanto de la administración general de la Junta de Comunidades como de sus organismos autónomos y de sus entidades públicas. El documento revela, que sólo por contabilidad presupuestaria el gobierno recortó más de 520 millones. Esos recortes todavía fueron insuficientes y necesitó endeudarse en 170 millones más de lo que había previsto y aprobado. La actuación del gobierno de García-Page contradecía el acuerdo con la formación morada. Muchas de las partidas recortadas eran las que Podemos había exigido que figuraran en el presupuesto de 2016.
Para más inri, la Intervención General del Estado (IGAE), ya había señalado que la diferencia no ejecutada del presupuesto no financiero alcanzaba a 645 millones de euros una vez aplicados los criterios de contabilidad nacional, entre los que figuran la inclusión de las partidas extrapresupuestarias y la adecuada valoración de ingresos. Los datos de la IGAE revelan que 2016 fue el año de la última década en el que el gasto del gobierno regional fue más bajo, incluso mucho más que en los años duros de la crisis. Lejos de lo que mantiene el gobierno en sus comunicaciones oficiales, el documento revela una fuerte caída del gasto destinado a la mejora de los servicios públicos. Desde el ejecutivo la línea de defensa es que los presupuestos se basan en previsiones y no en certezas.
Los programas de inversiones que más se vieron afectados por los recortes y los retrasos afectan fundamentalmente a los nuevos centros sanitarios, a la investigación y a la protección del medio ambiente. A ellos se suman otros como los de creación de carreteras, regadíos o industrias agroalimentarias.
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