Entienden que esta subvención generará una situación dispar. En un país donde más del 99% de su tejido empresarial son pymes y el 56% de ese tejido es de autónomos o de empresas sin asalariados, la subvención situaría a las empresas de los jóvenes emprendedores que recibieran la subvención en situación de ventaja competitiva respecto al resto, con una financiación inicial sin coste alguno. En concreto y según los datos del Ministerio de Industria, en nuestro país hay 2.929.000 pymes, de las que cerca de 1.590.000 son de autónomos o empresas sin asalariados.
Por otro lado, llaman la atención sobre el hecho de que el mercado laboral en España tiene un desajuste estructural en función de la edad. Si al final del primer trimestre según la EPA había en España 121.400 parados de entre 16 y 19 años, cifra que subía a 474.600 si se añadían hasta los 25 años (15% del paro total), en el segmento de más de 44 año había un total de 1.301.800, el 41,6% del total del número de desempleados de nuestro país.
Acotando más, se señala que de esos 1.301.800 parados de más de 44 años, 1.061.800 (el 34% del total de parados de España) están entre los 45 y los 60 años, es decir todavía lejos de poder acceder a la jubilación. Y esa brecha de edad afecta más a las mujeres que a los hombres. Hay que tener en cuenta que muchas empresas rechazan la contratación de mayores de 44 años o priorizan la de jóvenes, por entender que tienen mayor rendimiento, menos cargas y más capacidad de acomodarse a la situación laboral. Además, estiman que los mayores tienen expectativas salariales más altas, muchos carecen de dominios de idiomas o de informática y ya tienen hábitos adquiridos en sus anteriores puestos.
Favorecer la formación y el emprendimiento de los más jóvenes incidiría negativamente en las posibilidades de que el segmento de más de 44 años encuentre trabajo y los que recibieran el cheque podrían formarse o autoemplearse, algo que es más difícil para el resto de los parados, que pueden optar por los cursos de formación para el empleo, a los que además también pueden acceder los que reciban la subvención.
Añaden además que la herencia universal, de aprobarse, debería contemplar otras situaciones. Así, indican que sería una paradoja que una persona de 19 años que se haya quedado en el paro tras dos años trabajando tuviera que cumplir unos requisitos exigentes para la capitalización de su desempleo para montar una empresa, mientras que los que cumplieran 18 recibirían 20.000 euros al llegar a los 23 para la capitalización inicial de su actividad empresarial, con independencia de su renta y sin haber aportado antes al sistema de protección, lo que generaría una discriminación en el sistema de protección social en España. De hecho, habría de facto dos líneas de formación para acceso al empleo y una de ellas sería exclusivamente para los agraciados con la herencia universal, que según el planteamiento recibirían todos los jóvenes de 18 años, con independencia de sus recursos. Un sistema que entraría en colisión con la formación pública reglada de grado y postgrado, a la que podrían acceder en mejores condiciones los beneficiarios de esta medida.
Además, está la derivada del impacto en las cuentas públicas. La medida supone un coste de 10.000 millones de euros anuales. A ese gasto adicional el gobierno tendrá que sumar otros 15.000 de recortes para cumplir las reglas fiscales (déficit público) de los acuerdos europeos sobre estabilidad. En total eso supone inicialmente un recorte de 25.000 millones de euros anuales en gasto público, que incidirá en otras políticas: pensiones, sanidad, educación… Desde Sumar, conscientes de esta situación han planteado que los 10.000 millones se cubran con un impuesto a las grandes fortunas. La cuestión es si ese impuesto tendrá la capacidad de recaudar esa cifra y si, además, no ahuyentará grandes patrimonios e inversiones y provocará una huida de esas grandes fortunas a otros países, con el impacto consiguiente en la recaudación pública de otros ingresos (renta y patrimonio) y con el impacto en la economía privada, con una reducción del capital privado para invertir.
Si (
No(
