Meses antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, la actual titular de Hacienda, ejercía el mismo puesto en la Junta de Andalucía. Como portavoz de las entonces nueve comunidades gobernadas por el PSOE reclamaba 17.000 millones de euros adicionales (de los de 2017) para el sistema de financiación y la negociación multilateral.
En febrero de 2018, el Partido socialista de Castilla-La Mancha desplegó una campaña bajo el lema “Por una financiación más justa para Castilla-La mancha”, asegurando que cada día que pasaba sin que se aprobase el nuevo sistema de financiación Castilla-La Mancha pierde millones de euros que podrían destinarse a seguir mejorando la sanidad, la educación y los servicios públicos de nuestra región”.
La campaña estaba en sintonía con el emplazamiento que había hecho Sánchez a Rajoy en diciembre de 2017 para que presentara la reforma del sistema de financiación antes del 31 de diciembre de 2017.
En septiembre de 2018, ya bajo el mandato de Pedro Sánchez, seis presidentes autonómicos, tres del PSOE y tres del PP, se reunían en Zaragoza y firmaban una declaración conjunta sobre la reforma del sistema de financiación, pidiendo que fuera multilateral, sin privilegios para ninguna autonomía y que se acometiera urgentemente. En la reunión estuvieron presentes los presidentes de Galicia (entonces Alberto Núñez Feijóo), Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Asturias y Aragón).
Los presidentes defendían una financiación especial que compensase la dispersión y la baja densidad de población, como elementos clave en la futura reforma. Tres años después, en noviembre de 2021 la reunión se repitió en Galicia y a ella se sumó el presidente de Extremadura.
La postura de estos presidentes contrastaba con la mantenida por los de las comunidades Valenciana, de Andalucía y Murcia que pedían que primara el criterio de población. En cualquier caso todos estaban de acuerdo en que la negociación fuera multilateral.
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