Para Aspac, la reforma ha tenido un gran impacto en el sistema económico y legal por el gran aumento del número de concursos declarados, prácticamente el doble que en el año anterior.
La asociación, sin embargo, alerta de que si se analiza en detalle la tipología de ese aumento de los concursos, este proviene fundamentalmente de los concursos declarados de las personas físicas.
En concreto, el presidente de Aspac, Diego Comendador, explica que el número de concursos de empresas ha descendido, pero el aumento de los concursos presentados por personas físicas es "exponencial" y lo "preocupante" es que la mayor parte de estos concursos se han presentado bajo la nueva regulación de los concursos sin masa. "Este tipo de concursos ha aumentado más de un mil por ciento", ha subrayado.
"La segunda oportunidad no puede ser un mecanismo legal para favorecer un endeudamiento irresponsable", añade Aspac, que pide regular de otra manera este tipo de concursos para evitar situaciones de "abuso y de utilización" de la ley para algo distinto para lo que fue concebida.
REGULAR LA REMUNERACIÓN Y ACCESO A LA PROFESIÓN A TRAVÉS DEL ESTATUTO
Aunque Aspac cree que la nueva ley ha presentado avances significativos para el sector de la insolvencia, todavía son necesarios múltiples desarrollos reglamentarios que son "clave", como una plataforma, unos formularios y el desarrollo reglamentario de un estatuto que regule la administración concursal, entre otros.
Los administradores concursales llevan reivindicando este estatuto desde 2014 y consideran que es fundamental para mejorar sensiblemente los procesos de insolvencia, y mejorar también la eficiencia de los procedimientos.
Aspac, por tanto, ha propuesto un control del acceso a la profesión "más restrictivo" que favorezca la preparación, puesto que el número de administradores en España no se corresponde con la realidad del número de concursos que tienen lugar cada año.
También señala que esto implica que al final en algunos casos no sean los profesionales mejor capacitados los que atienden los casos de insolvencia, lo cual puede repercutir gravemente en la eficacia de los procesos.
"Si se elabora un marco regulatorio para el sistema de la insolvencia no puede abandonarse a sus profesionales. De ahí la necesidad de este estatuto, que conllevaría profesionalizar la administración concursal y que los expertos del sector cuenten con un marco y unos criterios por los que regirse, generando un sistema más sólido para salvar empresas viables y dar una segunda oportunidad real a las personas", concluye Comendador.