Aunque la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, negaba que detrás de este abandono por parte del gobierno regional haya una causa económica, lo cierto es que dar cobertura a estas personas le supondría al gobierno regional un coste anual de 35 millones de euros, el dinero equivalente al presupuesto de la televisión pública. En 2016, el gobierno regional se gastó en dependencia 309 millones de euros.
El coste de atender a los 2.000 grandes dependientes, a aquellos que precisan cuidados permanentes, le supondría a la Junta 17 millones de euros. El de los otros 2.000 dependientes severos serían otros 8 millones adicionales, y el resto, aproximadamente 17 millones de euros para cubrir las prestaciones de los moderados.
A lo largo de la presente legislatura, el gobierno regional ha reducido las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar en un 19 por ciento. La razón dada es que este tipo de ayudas fueron las primeras que se empezaron a dar, cuando los sistemas públicos todavía no tenían la suficiente infraestructura, y que esa reducción tiene que ver más con el descenso de usuarios por su fallecimiento que por otras razones. Lo cierto es que estas bajas no se han cubierto con un 19 por ciento de nuevas altas que permitieran hacer caer la lista de espera.
Durante los años pasados, el gobierno nacional fue rebajando su aportación a las Comunidades Autónomas para la cobertura de la dependencia. Este hecho es considerado por el gobierno regional como la causa fundamental de la elevada lista de espera. Durante la tramitación de los presupuestos generales del estado no hubo ninguna acción concertada de la oposición para tratar de revertir esta situación.
Además de estos 12.240 dependientes con derecho a prestación hay otros 4.803 ciudadanos pendientes de que se estudie su caso y se determine si son acreedores del cuidado de los servicios sociales de la dependencia. Mensualmente entran en la Consejería 1.000 nuevas solicitudes, que suponen la apertura de nuevos expedientes y de procesos de valoración. Frente a esta cifra que entra, a diario se dictaminan o se resuelven 50, con lo que aproximadamente la Consejería lleva un ritmo administrativo equilibrado. El problema es resolver el tapón de esos 4.803 expedientes pendientes. En los primeros meses, el actual gobierno llevó a cabo la contratación temporal de 53 personas para tramitar esas solicitudes, lo que indica que sería necesario habilitar otras 20 plazas para dejar los expedientes a cero al cabo de un año.
La directora general, que ha anticipado los datos que muestran la radiografía de la dependencia en Castilla-La Mancha a finales de agosto, ha afirmado que estos son mejores que los que había al comienzo de la legislatura.
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