www.clm21.es
LA PLATAFORMA DE LA DEPENDENCIA APUNTA A BIENESTAR SOCIAL POR LA FILTRACIÓN DE EXPEDIENTES PERSONALES
Ampliar

LA PLATAFORMA DE LA DEPENDENCIA APUNTA A BIENESTAR SOCIAL POR LA FILTRACIÓN DE EXPEDIENTES PERSONALES

domingo 12 de febrero de 2017, 22:50h

Tras la información publicada por este medio en relación a las llamadas “reclamaciones de la vergüenza”, en las que la Consejería de Bienestar Social requiere a los dependientes de la región la devolución del complemento de ayuda a terceras personas, se ha desatado un auténtico huracán mediático, político. El caso va a ser trasladado a los tribunales por el presidente de la Plataforma de la dependencia de Castilla-la Mancha, José Luis Gómez-Ocaña, que considera que “la Consejería de Bienestar Social podría haber incurrido en una vulneración de la ley de protección de Datos”.

Según denuncia el presidente de la Plataforma de la Ley de Dependencia, los datos del expediente de uno de sus dos hijos, considerados grandes dependientes, que estaban en manos de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-la Mancha, “han terminado en los medios de comunicación” justo al día siguiente de que el presidente informara de que la Consejería estaba reclamando a numerosos beneficiarios que tenían que reintegrar unas ayudas que el gobierno regional había abonado de más al ser incompatibles con otras.

Este tema, que está provocando ampollas en el seno del Partido Socialista y que tiene en pie de guerra a “miles” de dependientes nace del retraso de la administración en tramitar los expedientes y en un error de la propia Consejería que es la que hace la valoración para la concesión de las ayudas.

La raíz del conflicto surge de la incompatibilidad de dos prestaciones económicas. Por un lado, la prestación para cuidados en el entorno familiar (PECEF), destinada a mantener al beneficiario en su domicilio atendido por cuidadores no profesionales, que se establece a través del Programa Individual de Atención PIA y depende del Gobierno regional. Por otro, el complemento de ayuda a tercera persona (ATP) de la prestación de persona a cargo, destinado a hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 75% en la que se incluye el complemento y que depende de la Seguridad Social.

En el caso José Luis Gómez-Ocaña, su hijo mayor venía cobrando la prestación a la dependencia de la Junta de Comunidades de 442 euros al mes para cuidados en el entorno familiar. Esa cuantía es compatible con la ayuda de la Seguridad Social por hijo a cargo. El problema surge porque, al cumplir los 18 años, la Seguridad Social y, después de la baremación y estudio, concede un complemento de 183 euros mensuales para subvencionar la atención del dependiente por una tercera persona. La Consejería reclama que se reintegre esa parte proporcional, es decir que de los 442 euros que pagó cada mes, se le devuelvan 183 porque existe una incompatibilidad.

Bienestar Social le reclama el importe del complemento ATP percibido entre los años 2015 y 2016, por considerarse incompatible con la prestación para cuidados en el entorno familiar. La Consejería pide al hijo del presidente de Gómez-Ocaña la devolución de 2.700€.

Como ya informó clm21.es, la persona encargada de conceder y reconocer ambas ayudas, tanto el complemento ATP como la prestación por persona a cargo es un técnico valorador de la dependencia de la consejería, a los que vulgarmente se les conoce como “valoradores”. Aquí Gómez-Ocaña puntualiza: “El técnico decide la concesión de ambas prestaciones en el mismo día y en el mismo acto, por tanto y desde ese mismo momento, Bienestar Social ya tiene conocimiento de la incompatibilidad”. En su caso, esta valoración se efectúa el 5 de noviembre de 2014.

El presidente de la Plataforma insiste en el conocimiento de la situación por parte de la Consejería, que además tuvo acceso desde el día 12 de julio de 2015 la información transmitida por el Sistema de Información Labora de la Seguridad Social. Pese a todo, la revisión del PIA no llega hasta el 16 de julio de 2016, veinte meses después de la que el valorador de Bienestar Social decidiera la concesión de las prestaciones. Ante esta situación, José Luis cuenta que “en julio de 2016 presenté, en representación de mi hijo, un recurso de alzada que ha tardado seis meses en resolverse, mientras que la suspensión cautelar tardó tan solo seis días en hacerse efectiva.”

Gómez-Ocaña no niega en ningún momento el carácter incompatible de ambas ayudas, pese a que el PSOE regional recogió en su programa electoral la promesa de revisar y modificar las incompatibilidades existentes en materia de ayudas a la dependencia en Castilla-La Mancha, pero afirma que el error no reside en los dependientes o como se pretende hacer llegar desde la Junta “la Consejería de Bienestar Social y por tanto su Consejera y Directora General de Dependencia, saben, o deberían saber, que cualquier información que afecte a cualquier expediente y que pueda ser consultada ante cualquier administración pública, implica la no obligatoriedad de información por parte del afectado.”

Lejos de las vagas explicaciones ofrecidas por la Consejería de Bienestar Social en una nota de prensa en la que “niega cualquier reclamación generalizada y sistemática de este tipo de cantidades, ya que se trata de situaciones muy personales y puntuales, en las que el beneficiario de una ayuda no ha declarado que recibe otra de una Administración diferente cuando tiene la obligación de hacerlo porque son incompatibles, en cuyo caso son estudiadas de forma individualizada por la Administración”, la Plataforma de la Ley de Dependencia de CLM, con más de 5.000 miembros inscritos, afirma que “son miles las reclamaciones que de forma sistemática se están produciendo en Castilla-La Mancha. No paran de llegar casos.”

Ya son varias las sentencias emitidas por los tribunales castellano-manchegos y a las que clm21.es ha tenido acceso, en las que la justicia da la razón a las familias de dependientes, anulando las reclamaciones del departamento de Aurelia Sánchez e incurriendo en un coste para la Administración, al condenar en costas a la Consejería de Bienestar Social.

Desde la Plataforma denuncian también las “formas” de la Consejería de Bienestar Social, señalando directamente a la consejera Aurelia Sánchez, “que se mantiene distante y sin informar”; y a la Directora General de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, que según los afectados les trató despectivamente, calificándolos de “incívicos”.

Los datos del expediente del hijo del presidente de la plataforma aparecieron publicados después de que el presidente criticara al gobierno regional por las “reclamaciones de la vergüenza”

El punto de mayor tensión se produjo el pasado día 7 de febrero. Tras la publicación de la información de clm21.es, José Luis Gómez-Ocaña difundió un artículo de opinión en nombre de los afectados por las reclamaciones, del cual se hicieron eco numerosos medios de comunicación regionales. Ese mismo día por la tarde, un medio digital regional difundía los datos del expediente de dependencia del hijo del Presidente de la Plataforma de la Dependencia en un artículo crítico con Gómez-Ocaña. Estos datos son de carácter personal y, por tanto, solo pueden acceder a ellos el propio José Luis y su familia o la Consejería de Bienestar Social. Gómez-Ocaña ya ha anunciado que el caso está en manos de su abogado y que emprenderá las acciones legales pertinentes ya que considera que la difusión del expediente podría suponer una vulneración de la Ley de Protección de Datos.

Por el momento, la Plataforma de la Dependencia espera comenzar una ronda de contactos con el Partido Popular y con Podemos, con el fin de recabar apoyos para acabar con las reclamaciones. Con la formación morada pretenden reunirse después de los congresos.

El descontento es generalizado y va acumulándose entre las familias con dependientes de Castilla-La Mancha, a las “reclamaciones de la vergüenza” y la instrumentalización mediática, se suman otros incumplimientos de promesas electorales del presidente Emiliano García-Page, como es la eliminación del copago farmacéutico, lo que obliga a los tutores de menores en situación de dependencia a correr con el 50 por ciento de los gastos farmacéuticos y de pañales. A José Luis este tema le toca también de cerca, tiene otro hijo de 14 años también dependiente “los que están ahora en el poder criticaban las políticas del Ejecutivo anterior y ahora resulta que hacen lo mismo”. Anular el copago tendría un coste 900.000 euros sobre el presupuesto de la Junta, algo que desde la Plataforma de la Dependencia consideran “que no es nada en contraposición a los casi 9 mil millones de euros presupuestados por el Gobierno regional para este año. Hay familias que tienen que elegir entre comer, poner la calefacción o comprar la medicación o pañales para sus hijos”

Tampoco gustan las ayudas técnicas propuestas para facilitar la movilidad del dependiente en su domicilio. En concreto los carros con oruga que, en teoría, debería permitir que los dependientes salven escaleras, pero que, según los informes de la Fundación Ilunion de la ONCE, “no permite dicha autonomía en el 99,9 por ciento de los casos, al no poder doblar en los recodos, lo que provoca que los cuidadores deban transportar a pulso a los dependientes”. Ante esta perspectiva, la respuesta de Directora General a la plataforma se ha limitado a un “es lo que hay”.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios