El control del gasto le ha permitido rebajar en más de seis décimas el déficit registrado en el mismo periodo de 2022, al pasar del 1,09% al 0,45% del PIB. El desajuste de 225 millones de euros, va acompañado de un aumento de la deuda comercial, que en septiembre llegó a los 227 millones de euros y un empeoramiento del Periodo Medio de Pago a proveedores, que por primera vez en más de dos años sobrepasaba la barrera de 30 días, con la que las administraciones entran en morosidad.
En concreto, al cierre de septiembre el PMP de Castilla-La Mancha era de 35,44 días y en el caso de las facturas con proveedores sanitarios, los de mayor volumen, llegaban a 38,85 días. Así las cosas, el gobierno echó el cierre al gasto a partir de la primera semana de octubre, evitando que los departamentos del gobierno regional pudieran presentar expedientes que implicasen la aprobación de gastos imputables a 2023. Con esta medida, el ejecutivo evitaba nuevas contrataciones y convocatorias de subvenciones y ayudas con casi tres meses y medio de anticipación a la fecha de fin del ejercicio contable. Además, a mediados de ese mes prohibió que se pudieran dar nuevos compromisos de gasto.
A pesar de estas medidas, los compromisos adquiridos con anterioridad y la situación de la tesorería impactaban nuevamente en el Periodo Medio de Pago, que a finales de octubre escalaba a los 39,3 días, con el SESCAM llegando a los 44,88. Ambos son registros que el ejecutivo había desterrado hace años.
Las transferencias de fondos del gobierno regional a otras administraciones (-73,8%) son las principales afectadas en la reducción del gasto por parte del gobierno regional, que ha visto, en cambio, cómo los intereses por su endeudamiento se han disparado un 70,6% y cómo la principal partida del gasto, la de la nómina de empleados públicos, que representa más del 50% del total ha crecido un 5,7%.
La deuda comercial de la Junta está en 227 millones de euros, de los que la mayor parte 201 son imputables a Sanidad. Ambas son las mayores de los últimos años y evidencian los desequilibrios estructurales de las cuentas públicas regionales, debido fundamentalmente al actual modelo de financiación, que lleva diez años prorrogado sin que el gobierno central haya abordado la negociación y aprobación de un nuevo sistema.
Con todo, la actual correlación de fuerzas políticas a nivel nacional y los pactos del gobierno con los nacionalistas en materia económica (condonación de deuda, negociación bilateral y posible creación del cupo catalán) y la recuperación de las reglas fiscales por la Unión Europea (límite del déficit en el 3% y de la deuda en el 60%) anticipan una mayor dificultad para la renovación del modelo de financiación y la existencia de recursos financieros suficientes y adecuados.
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