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Lo que se esconde en la diferencia entre el Gobierno y la Universidad a propósito de la financiación
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Lo que se esconde en la diferencia entre el Gobierno y la Universidad a propósito de la financiación

lunes 20 de noviembre de 2017, 14:38h

El recorte de 9 millones de euros por parte del gabinete de García-Page en la financiación de la UCLM en 2017 y la falta de avance en el modelo de financiación de la Universidad a través de un contrato son las dos causas principales que han provocado el choque entre la institución académica y el gobierno regional. A ello se añade el deseo del ejecutivo de controlar la Universidad.

La desconfianza rige en las relaciones entre el gobierno y la Universidad. El año pasado, la Universidad reclamó 140 millones de euros de financiación al ejecutivo para asegurar la estabilidad de la institución y el adecuado y ajustado funcionamiento de la misma. El ejecutivo recortó las expectativas del rectorado y sólo aprobó 131 millones de euros. Esta decisión llevó al equipo claustral a realizar un primer plan de ajuste por 9 millones de euros una vez agotados los fondos de reserva, cuantía que se correspondía exactamente con la cantidad demandada y la que el gobierno aprobó.

Así las cosas, la Universidad, a fin de evitar otro recorte del gobierno que pusiera en peligro a la institución, reclamó al gobierno una dotación para 2018 de 151 millones de euros a fin de cubrir las nóminas. El gobierno se descolgó incluyendo en presupuestos una partida de 140 millones. Eso fue contestado públicamente por el claustro el pasado día 14 poniendo el listón en los 160 millones mínimos. Esa cuantía se corresponde con los 151 pedidos para 2018 y los 9 que el gobierno no dio de 2017.

La actitud cicatera del gobierno para 2017 con las universidades de Castilla-La Mancha y de Alcalá ha generado problemas en la gestión económica universitaria. De hecho, la UCLM tuvo que solicitar un anticipo al propio ejecutivo en julio para poder hacer frente al pago de las nóminas. Es ese recorte de 2017 el que ha desencadenado la tensión y el desencuentro entre Gobierno y Universidad. Una tensión que en esa desconfianza mutua ha sido alimentada por los sectores duros del ejecutivo y que ha causado extrañeza en los sectores más moderados.

En un intento para solucionar el problema, el consejero de Educación ha fijado una vía por la que se compromete formalmente a “presentar en las Cortes antes del próximo viernes día 24 una enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2018 que incorpora que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará las modificaciones presupuestarias precisas para garantizar la diferencia entre la nominativa y la anualidad del contrato-programa en el momento en que estos se firmen por la UCLM y la Universidad de Alcalá de Henares”.

El consejero pide a cambio a la Universidad que paralice la puesta en marcha del plan de ajuste anunciado por 20 millones de euros y que afectaba a plantillas, becas e investigación. Ángel Felpeto se ha comprometido a “aportar y garantizar estabilidad a los programas y planes de la comunidad universitaria”.

El consejero ha remitido una carta al profesorado, a los investigadores, personal de administración y servicios, y alumnado, señalando que “no hay razón alguna para el despido de personal de la Universidad, cuando hasta ahora ha podido mantenerse esa plantilla y, si fuera necesario, el Gobierno de Castilla-La Mancha, arbitrará los mecanismos necesarios para garantizar el pago de las nóminas de todos los trabajadores actuales de la UCLM”.

El gobierno basa sus afirmaciones en el desconocimiento de la situación económico-financiera de la UCLM, a pesar de que la institución le ha remitido todos los datos que le ha solicitado y de que el gobierno forma parte del Consejo social de la Universidad, que es el que mantiene el control de las cuentas. El gobierno ya anticipó para este año 2017 que financiaría a la UCLM mediante un contrato-programa. Pasado el tiempo y sin haber elaborado ese modelo y teniendo que cerrar el proyecto de ley de presupuestos creyó que la cifra que negó para 2017 sería aceptada para 2018. El rechazo ha reabierto la negociación conducente a la elaboración de ese contrato programa que debería haberse aplicado en 2018. El contrato debe determinar una subvención fija nominativa a la UCLM y una variable en función de la evolución de proyectos y nuevas titulaciones, matriculación de alumnos, internacionalización y consecución de objetivos de calidad.
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