El Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene interés en crear el órgano externo independiente que debe fiscalizarle las cuentas hasta la segunda mitad de la legislatura, según fuentes socialistas. Ello supondría en la práctica que las primeras auditorías de las cuentas del actual ejecutivo no estarían hasta la próxima legislatura
Todo ello, a pesar de que el acuerdo de investidura entre PSOE y Podemos establecía la restauración de la Sindicatura de Cuentas para antes del 20 de noviembre de 2015.En concreto el punto 3.2.2) obligaba a : “Antes del 20 de noviembre del 2015: aprobación del Proyecto de Ley de Auditoría Pública Ciudadana por la que se crea una nueva Cámara de Cuentas, presupuestariamente dependiente de las Cortes de Castilla-La Mancha, y constituida como un órgano colegiado externo al gobierno de la Junta conformado por profesionales de reconocido prestigio y miembros de la sociedad civil (organizaciones sociales) sin vinculación partidaria miembros a aprobar bien por 2/3 de la cámara o, en segunda vuelta, por mayoría absoluta de la misma-”
La redacción de la ley no es compleja porque basta con restablecer la de creación de la Sindicatura, derogada por el anterior Gobierno. Respecto a esa ley sólo se modificaría que la colegiación estaría a primer nivel (síndicos) y no a segundo nivel (auditores) como existió anteriormente.
La tramitación podría seguir dos vías: mediante proyecto de ley del Gobierno (más lenta porque precisa de informe previo del Consejo Consultivo) o mediante una proposición de ley de los grupos parlamentarios de izquierdas, que la agilizaría y la haría estar en vigor en poco más de un mes desde el inicio de su procedimiento legislativo.
El hecho es que el edificio que antes ocupaba el órgano externo de fiscalización, en la calle de la Plata de Toledo, se ha cedido a la Academia de Bellas Artes. Por lo que, además de crear la institución en el papel, habría que buscarle acomodo y dotarle de recursos técnicos para llevar a cabo su labor.
El Gobierno incumple el acuerdo de investidura con Podemos
El retraso en la creación de la Cámara de Cuentas ha supuesto también el incumplimiento del punto 3.3.3) del pacto de investidura en la que se establecía el plazo de finales de 2015 para la “publicación de los primeros informes externos sectoriales (suministros básicos y sanidad prioritariamente) de dicha Cámara de Cuentas que contemplen tanto: a) magnitudes y responsabilidades de las deudas contraídas por consejerías y ámbitos territoriales. b) contabilidad analítica relativa a los diferentes niveles de eficiencia y eficacia de las actividades y servicios públicos externalizados por consejerías y ámbitos territoriales”.
Al escaso interés del Gobierno porque le auditen las cuentas, se une la escasa labor parlamentaria del grupo de Podemos que, a pesar de contar con siete liberados lleva a cabo una pírrica actividad parlamentaria de control al Gobierno. “Sólo hace falta comparar con la que ejercía en su día un único diputado de Izquierda Unida, Pepe Molina, que contaba tan sólo con dos personas de apoyo”, como apuntaban fuentes parlamentarias.
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