El acuerdo llegado con Cataluña y que el Gobierno Central está dispuesto a hacer extensivo al resto de regiones se produce en un momento en el que dentro del ejecutivo hay una pugna abierta sobre la cotización del IRPF del salario mínimo (SMI). La discusión en la práctica supone en si se dejan de recaudar entre 700 y 1.400 millones de euros por esa medida. La horquilla se produce por el método que se podría emplear: bien subiendo el mínimo exento de cotización (el impacto sería de 1.400 millones), bien bonificando a los perceptores del salario mínimo que tengan que cotizar (700 millones).
Desde el punto de los ingresos, España debe cumplir además con sus obligaciones adquiridas con Bruselas por los fondos extraordinarios recibidos, entre ellos una reforma fiscal para aumentar los ingresos y un equilibrio del sistema de pensiones. Entre los nuevos impuestos, el del peaje en las autovías.
Todo ello en un momento en el que el Gobierno se ve abocado a un mayor gasto, ya sea de forma directa o indirecta. El más conocido el incremento en Defensa por sus compromisos internacionales, a los que deberá hacer frente con cargo a las partidas del Ministerio de manera directa; o a través del pago de su cuota de la deuda europea para inversión en Defensa, de manera indirecta.
A esto se suma su aportación al presupuesto de la Unión Europea (derivado del crecimiento económico de nuestro país), así como los compromisos de aumento de gasto adquiridos con algunas Comunidades, como Cataluña (destinados por ejemplo a aumentar la plantilla de los mozos de escuadra con dinero del Estado).
Y todo ello en un momento en el que el Gobierno carece de presupuestos generales y en el que su mayoría parlamentaria no lo es tanto cuando trata de sacar adelante temas fiscales (especialmente creación y subida de impuestos), como ya se ha demostrado.
Otro frente es el de la nueva administración Trump, que tiene en el punto de mira la denominada “tasa Google”, porque afecta a sus gigantes tecnológicos con gravámenes que Estados Unidos cuestiona.
Además está por ver todavía el escenario de reglas fiscales en la Unión Europea que debería cumplir nuestro país y que le obligaría a reducir el déficit y a reducir considerablemente su deuda pública.
Uno de los datos a tener en cuenta es que el Gobierno central ha aumentado la deuda soberana en un 33% y los intereses a los que debe hacer frente han pasado de los 26.700 millones de euros anuales en 2022 a los más de 30.600 millones del año 2024.
En este entorno, el Ejecutivo construye un relato político y la oposición se puede ver atrapada en una difícil situación, al menos en materia de comunicación, salvo que por aquello de que la decisión nace de un acuerdo bilateral con Cataluña, las demás Comunidades no den por bueno lo acordado y exijan una quita mayor de sus respectivas deudas, doblando la apuesta del Gobierno.
Lo que está claro es que la decisión adoptada por el Gobierno pone de manifiesto varias cosas. La primera y principal, la necesidad de abordar la financiación autonómica. La segunda ¿hasta cuándo el Estado va a seguir siendo el paraguas en el endeudamiento de algunas regiones? Si va a retirar su cobertura y va a dejar que cada Comunidad acuda a los mercados a obtener sus créditos. Hay que tener en cuenta que el Estado presta ese dinero a las regiones porque estas no tienen opción de obtenerlo de inversores. ¿Alguien se acuerda de los bonos basura de Cataluña? Esta es una calificación que las agencias mantenían el año pasado sobre la deuda catalana.
La tercera es si a partir de ahora y, de llevarse a cabo esa quita, se va a exigir a rajatabla que las regiones cumplan con sus obligaciones fiscales (déficit, deuda y periodo de pago a proveedores) para que el Gobierno central mantenga los denominados fondos extraordinarios de financiación (los de los préstamos) que a día de hoy se han convertido en un mecanismo ordinario.
En el caso de Castilla-La Mancha, los gastos en intereses de la deuda supusieron el año pasado más de 240 millones de euros. La condonación de deuda propuesta por el Gobierno central para nuestra región se aproxima a los 5.000 millones. Hace falta saber si el gobierno regional se va a conformar o va a abrir una negociación bilateral con el central para aumentar esa quita. En todo caso, de aceptarla, la región podría ver aliviado su gasto en intereses en una cuantía de 70 millones de euros anuales.
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