CSIF reitera "una vez más" la necesaria implantación de una jornada que fue suspendida por el Ejecutivo central en 2012 y pide, en este caso al Gobierno regional, "que deje atrás su habitual tibieza, y en algunos casos menosprecio, en la senda de la recuperación de derechos". "De hecho, existe una gran similitud entre el caso andaluz y el castellano-manchego en cuanto a la anulación del Tribunal Constitucional, pero voluntades muy diferentes".
El acuerdo alcanzado ayer en Andalucía surge después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la semana pasada la jornada de 35 horas que había implantado la Junta y consiste en que las 2,5 horas restantes, para respetar la decisión judicial (obligatoriedad de jornada de 37,5 horas), se dediquen a formación y a tareas de preparación y organización de la actividad de los trabajadores públicos.
En Castilla-La Mancha, el Tribunal Constitucional tumbó en septiembre de 2016 la decisión de la Junta de Comunidades de implantar la jornada de 35 horas semanales, "pero en lugar de estudiar las fórmulas aportadas por CSIF de flexibilización y racionalización de la jornada de trabajo para no incumplir la sentencia del TC, se escudó en razones vanas para no recuperar un derecho que beneficiaría a 70.000 empleados públicos de la región". La jornada de 35 horas fue una promesa electoral del presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, que logró cumplir en enero de 2016, pero se rindió demasiado pronto tras la decisión del TC, que recibió casi con alivio. Asimismo, CSIF pide al resto de formaciones sindicales que no actúen en connivencia con el Gobierno regional y que respalden esta reivindicación histórica de la Central Sindical.
"Es más, la Junta también puede recurrir al ejemplo de Extremadura, donde en un caso idéntico se firmó un acuerdo entre sindicatos y Gobierno regional en septiembre de 2017 para flexibilizar la jornada", afirman desde CSI-F en un comunicado emitido a los medios.
Con todo, CSIF insta a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que convoque de forma urgente la Mesa General de la Función Pública con el resto de organizaciones sindicales para implantar la jornada de 35 horas presenciales y 2.5 horas de formación online.
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