El bloqueo de Liberbank de las cuentas de una sociedad que se dedica a enviar los ahorros de los inmigrantes a sus países de origen ha derivado en una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que considera que la normativa española de prevención de blanqueo de capitales es excesiva, restringe libertades fundamentales y hace presunción de culpabilidad de todas las transferencias de fondos al extranjero. Previamente y sobre este caso los juzgados españoles habían considerado desleal la actuación de Liberbank.
El conflicto surgió cuando Liberbank, Banco de Sabadell y BBVA cancelaron las cuentas de la entidad financiera Safe Interenvíos al presumir que podía existir blanqueo de capitales. Safe es una entidad de pagos que se dedica a gestionar el envío de dinero de inmigrantes que trabajan en España a otros países, a través de las cuentas que mantenía en las entidades de crédito. La empresa recurrió a los tribunales.
El juzgado de lo mercantil número 5 de Barcelona, determinó que Liberbank y Banco de Sabadell había incurrido en una conducta desleal al no haber expuesto a la Sociedad Safe los motivos que justificaban las medidas de bloqueo de las cuentas. Hay que tener en cuenta, que tanto Safe, como los bancos compiten en el mercado y realizan la misma actividad de transferencia de fondos a otros estados, si bien la ley obliga a que las entidades de pago, como Safe, realicen esas transferencias a través de las cuentas que han de tener con entidades de crédito, como los bancos.
Los recursos de Liberbank, Banco de Sabadell y Safe a la decisión del juzgado de lo mercantil motivó que la Audiencia Provincial de Barcelona suspendiese el proceso y plantease tres cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia Europeo, encaminadas a poder determinar entre otras cuestiones si Liberbank, Banco de Sabadell y BBVA se habían excedido de sus funciones, ya que Safe es una entidad financiera, y si estaban legitimadas para pedirle todos los datos de sus clientes, habida cuenta de que bancos y Safe compiten en el mercado
Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que “todas las medidas de diligencia debida que adopten los bancos deben estar adaptadas al riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo”.
Asimismo señala a propósito de la legislación española que “esta normativa excede de lo necesario para alcanzar el objetivo que persigue, en la medida en que la presunción que establece se aplica a todas las transferencias de fondos, sin contemplar la posibilidad de destruir esa presunción en el caso de transferencias de fondos que objetivamente no presenten tal riesgo.
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