El aumento se explica por la mayor duración de los procesos médicos y por el crecimiento de patologías que antes tenían menor incidencia, como los trastornos musculoesqueléticos y, de manera muy destacada, los problemas de salud mental derivados del estrés, la ansiedad o la depresión. Las bajas de larga duración, especialmente las que superan el año de incapacidad, se han convertido en un desafío permanente para el sistema de seguimiento médico y para las herramientas de reincorporación laboral, que no siempre resultan ágiles ni coordinadas entre administraciones, servicios sanitarios y mutuas.
El debate sobre cómo afrontar esta escalada ha provocado posiciones encontradas. Mientras que las organizaciones empresariales reclaman un mayor control médico y administrativo para frenar lo que consideran un aumento intolerable de fraudes y abusos, los sindicatos insisten en que la prioridad debe ser reforzar la atención primaria, mejorar las políticas de prevención y garantizar que los trabajadores que realmente lo necesitan puedan recuperarse sin presiones ni sospechas. Las mutuas, por su parte, alertan de que la tendencia es insostenible y que cada año se les exige asumir más procesos con los mismos recursos, lo que complica la gestión de un volumen creciente de bajas de origen común.
Un agujero de casi 1.000 millones de euros en Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha esta problemática se ha hecho especialmente visible. La región ha registrado un repunte significativo de las bajas médicas durante los últimos trimestres, situando la tasa de absentismo laboral en el 6,1 % en el tercer trimestre de 2024, con la incapacidad temporal representando el 4,6 % de ese porcentaje. Otros estudios sitúan la tasa global en torno al 7 %, ligeramente por debajo de la media española, lo que indica que la región se encuentra dentro de la tendencia nacional, aunque con particularidades propias.
Los informes de las mutuas reflejan que entre enero y septiembre de 2023 se tramitaron más de 153.000 bajas por enfermedad común o accidente no laboral en Castilla-La Mancha, un incremento cercano al 10 % respecto al año anterior. El coste asociado a estas bajas, soportado tanto por las empresas como por la Seguridad Social, se aproxima a los 980 millones de euros, lo que sitúa el absentismo como una de las cargas económicas más relevantes para el tejido productivo regional.
El panorama se complica aún más si se analiza la duración de las bajas. Más de 5.600 trabajadores castellano-manchegos estaban en 2023 en procesos de incapacidad temporal que superaban el año de duración, lo que supone una realidad sanitaria y laboral difícil de revertir una vez alcanzada esa cronificación. Para muchos de estos empleados, la reincorporación se vuelve compleja, ya sea por la persistencia de las dolencias, por la falta de planes individualizados de retorno al trabajo o por la desconexión prolongada con su puesto.
La patronal eleva el tono ante posibles fraudes
Paralelamente, las organizaciones empresariales de Castilla-La Mancha han elevado el tono en los últimos meses. Desde CECAM se ha denunciado públicamente que, según sus estimaciones, hasta uno de cada cinco procesos de baja podrían estar siendo utilizados de forma abusiva, una cifra que ha generado gran repercusión por la dureza de la acusación. Los representantes empresariales afirman que algunas bajas, especialmente las ligadas a la salud mental, pueden haberse convertido en una vía para ausentarse del trabajo sin causa real justificada, llegando incluso a señalar que algunas mutuas han contratado detectives para comprobar situaciones sospechosas. Estas afirmaciones han provocado una fuerte respuesta sindical, desde donde se critica que se generalice el fraude y se estigmatice a los trabajadores que atraviesan enfermedades reales.
En un momento de enorme presión sobre el mercado laboral y los sistemas públicos, el absentismo se ha convertido en un indicador de malestar, de agotamiento y de tensiones estructurales que van más allá de las estadísticas. La solución no llegará solo por el camino del control, sino también por una reflexión colectiva sobre la forma en que se trabaja, se gestiona la salud y se protege la dignidad laboral..
Si (
No(
