En la presentación, celebrada este miércoles en Toledo, han participado el arzobispo de la ciudad, Francisco Cerro; la presidenta de Cáritas en la región, Rosa García; y la técnico de Foessa, Marina Sánchez, quien ha desgranado las conclusiones del informe.
La paradoja del empleo: más ocupación, pero sin inclusión
Sánchez ha subrayado la “gran paradoja castellanomanchega”: el empleo ha crecido, pero la exclusión no disminuye. Entre 2018 y 2024, el número de personas ocupadas ha aumentado un 11,7%, pero este avance no se ha traducido en una mejora real de las condiciones de vida. El informe ha apuntado al estancamiento de los salarios reales, al encarecimiento de la vivienda y a la persistencia de la precariedad laboral como causas de fondo.
La brecha salarial ha resultado especialmente relevante. Aunque el sueldo medio ha crecido un 14% entre 2018 y 2023, su poder adquisitivo se ha reducido en un 3,6% en ese mismo periodo. “Trabajar ya no ha garantizado la inclusión social”, ha advertido Sánchez, al explicar que cada vez más hogares con empleo se han mantenido en situaciones de vulnerabilidad.
Todo ello ha provocado un retroceso de las situaciones de “integración plena”, mientras han empeorado dimensiones como la vivienda, la educación, la salud, el conflicto, el aislamiento social y, de forma especial, la participación política.
“No fallan las personas, falla el sistema”
La técnico de Foessa ha querido desmontar el “mito de la pasividad” de quienes viven en pobreza y exclusión. “La mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, activan redes y siguen planes de inclusión”, ha indicado. Sin embargo, ha advertido de que estas personas se han encontrado con “barreras estructurales” que frenan sus esfuerzos.
Según el informe, tres de cada cuatro hogares en exclusión severa han puesto en marcha estrategias para mejorar su situación, pero han chocado con dispositivos institucionales “fragmentados” y con recursos “escasos y poco personalizados”.
La vivienda, epicentro de la desigualdad
El acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los factores determinantes de la desigualdad en la región. El 22% de la población castellanomanchega presenta algún rasgo de exclusión residencial. Entre 2018 y 2024, los precios de la vivienda han aumentado un 23%, muy por encima del avance de los salarios.
La situación es aún más crítica en el mercado del alquiler. El 47% de las personas que viven de alquiler están en riesgo de pobreza. Además, 89.000 hogares de la región han destinado tantos recursos al pago de vivienda y suministros que, una vez abonados, han quedado por debajo del umbral de pobreza severa.
Rentas mínimas: cobertura insuficiente y brecha informativa
El informe también ha cuestionado la capacidad del sistema de garantía de ingresos en Castilla-La Mancha. Aunque el Ingreso Mínimo Vital ha ampliado su alcance, solo ha llegado al 51% de las personas en pobreza severa. Y un dato ha resultado especialmente llamativo: el 64% de estos hogares no ha oído hablar del IMV. “La brecha no es solo administrativa, es informativa”, ha señalado Sánchez.
Foessa advierte asimismo de que la comunidad se ha situado entre las autonomías que han reducido la cobertura y el gasto en sus sistemas de rentas mínimas tras la implantación del IMV, un cambio que ha dejado sin apoyo suficiente a una parte de la población más vulnerable.
El informe concluye que las desigualdades se han consolidado y que revertirlas requiere políticas que actúen sobre las causas estructurales: vivienda, empleo de calidad, mayor protección social y un impulso real a la participación ciudadana.
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