El Ejecutivo confía en que el nuevo sistema pueda estar operativo el próximo año y ha iniciado ya la hoja de ruta para su tramitación. El primer paso será la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocada para el 14 de enero, en la que Hacienda explicará a las comunidades autónomas las bases del modelo. Tras ese encuentro, el Ministerio mantendrá reuniones bilaterales técnicas con cada gobierno regional, entre ellos el de Castilla-La Mancha, para concretar el reparto y estudiar posibles ajustes antes de elevar el texto definitivo al Consejo de Ministros y, posteriormente, al Congreso.
En el reparto presentado por Hacienda, Castilla-La Mancha aparece como la quinta comunidad con mayor incremento de recursos, solo por detrás de Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid. El Gobierno subraya que esta mejora responde a la necesidad de corregir desequilibrios históricos del sistema y aproximar la financiación por habitante ajustado a la media estatal, una reivindicación recurrente del Ejecutivo autonómico castellanomanchego en los últimos años.
La propuesta contempla, además, una reformulación del Fondo de Compensación Interterritorial con un tramo específico para las comunidades que parten de una situación de desventaja, lo que refuerza el impacto positivo del nuevo modelo para regiones como Castilla-La Mancha. Desde Hacienda se defiende que el diseño global del sistema prioriza la suficiencia financiera y el refuerzo de los servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación y la dependencia.
Durante la presentación, Montero ha reclamado al Partido Popular una posición común en materia de financiación autonómica y ha criticado las diferencias de criterio entre comunidades gobernadas por el mismo signo político. La ministra ha recordado que cerca del 70% de los recursos adicionales previstos en el nuevo sistema irían a territorios dirigidos por el PP, lo que, a su juicio, debería facilitar el consenso parlamentario.
La reforma también ha reabierto el debate sobre el principio de ordinalidad, especialmente en relación con Cataluña. Montero ha reconocido que este criterio se respeta en el caso catalán, aunque no de forma homogénea en todas las comunidades, una cuestión que previsiblemente formará parte del debate político y técnico en los próximos meses.
Si el calendario previsto se cumple, Castilla-La Mancha podría afrontar a partir de 2027 un escenario de mayor capacidad financiera, con más de 1.200 millones de euros adicionales para reforzar sus políticas públicas y reducir la brecha histórica que la ha situado entre las regiones peor financiadas del sistema autonómico.
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