La comparecencia, celebrada en la Comisión de Economía y Presupuestos del Parlamento autonómico, comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).
Según los datos expuestos, las obligaciones reconocidas netas en 2022 ascendieron a 12.331,5 millones de euros, lo que supone un grado de ejecución del 90% sobre los 13.749,5 millones previstos. En el apartado de gastos, la ejecución alcanzó el 86%, con 11.819,8 millones sobre una previsión similar.
Entre las principales debilidades detectadas, Andújar ha subrayado la ausencia de un documento de riesgos que identifique amenazas y controles, la falta de conexión automatizada entre los sistemas de información tributaria Greco y Tarea y la inexistencia de auditorías formales sobre determinadas aplicaciones digitales, como el punto general de entrada de facturas electrónicas. A ello se suma la carencia de auditorías informáticas.
Como fortaleza, el presidente de la Cámara de Cuentas ha destacado el cumplimiento de los plazos legales de pago a proveedores, con un periodo medio inferior a los 30 días y una mejora respecto a 2021, al pasar de 21 días a 19,54 en 2022. Asimismo, ha señalado que los niveles de ejecución de ingresos y gastos evidencian que, pese a las deficiencias técnicas, “la maquinaria presupuestaria sigue funcionando”.
28 recomendaciones para mejorar la gestión
El informe incluye un total de 28 recomendaciones dirigidas a reforzar la gestión económico-financiera de la Junta. Entre ellas, figura la creación de un sistema de seguimiento de las entidades públicas creadas para agilizar el inicio de su actividad, así como la revisión de su viabilidad en caso de retrasos significativos.
También se propone adelantar el plazo de rendición de la Cuenta General al 30 de junio del año siguiente, frente al actual límite de finales de octubre, con el fin de agilizar la rendición de cuentas. Otras recomendaciones afectan a la publicación de toda la normativa aplicable por parte de la Intervención General, la reducción de los plazos del control financiero permanente y la certificación del correcto funcionamiento del punto general de entrada de facturas.
Además, la Cámara de Cuentas insta a la Consejería de Hacienda a desglosar los beneficios fiscales por políticas públicas, fijando objetivos y sistemas de seguimiento, e informar de ellos en la memoria presupuestaria para evaluar su impacto en los ingresos públicos. Entre las propuestas finales se incluyen un control más exhaustivo de la Tesorería, la depuración de deudores antiguos y la regulación del informe de impacto de género que acompaña a los Presupuestos.
Cruce de reproches entre los grupos
Durante el debate, Vox ha acusado al Gobierno regional de “opacidad”, especialmente en relación con los beneficios fiscales y los costes asociados a la inmigración ilegal, advirtiendo de una “deuda imparable”. El PP, por su parte, ha calificado de “manifiestamente mejorable” la ejecución del 86% del gasto y ha criticado la baja ejecución de algunas consejerías, que no alcanza el 65%, cuestionando el carácter inversor de las cuentas.
Frente a estas críticas, el PSOE ha defendido que el informe demuestra que el Ejecutivo autonómico va “en la dirección correcta” y ha valorado positivamente la existencia de un órgano propio de fiscalización. La diputada socialista Silvia Fernández ha definido el documento como “una oportunidad para avanzar en rigor, transparencia y mejora continua”, recordando que muchas de las recomendaciones requieren cambios normativos que se desarrollan a medio y largo plazo.
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