La decisión judicial llega tras varios meses de discrepancias entre la empresa y los sindicatos en torno a una reorganización que, según el comité de empresa, supondrá la eliminación de 36 puestos de trabajo en las distintas áreas del complejo petroquímico. En concreto, los representantes de los trabajadores cifran en 17 los puestos afectados en el área de Fuels, 14 en Materials y cinco en RLESA.
Desde el STR aseguran que durante todo el proceso manifestaron su rechazo a los cambios planteados por la dirección, advirtiendo de las posibles consecuencias que podrían derivarse para la seguridad de las personas y de las instalaciones. El sindicato sostiene que la reorganización reduce garantías operativas en un entorno industrial de elevada complejidad.
"Llevamos meses trasladando a la empresa nuestra preocupación por una reorganización que entendemos que reduce garantías operativas y no compartimos ni el fondo ni la forma en la que se ha llevado a cabo este proceso", han señalado fuentes sindicales.
Repsol niega que haya despidos
Por su parte, Repsol defiende que la reestructuración no contempla despidos y responde a la necesidad de adaptar la organización del complejo a los retos derivados de su proceso de transformación industrial.
La compañía sostiene que los trabajadores afectados por los cambios organizativos serán reubicados en otras posiciones dentro de la propia instalación, por lo que rechaza que la medida implique una reducción de plantilla.
Según la empresa, la reorganización persigue adecuar el esquema actual de funcionamiento para garantizar la seguridad y mejorar la eficiencia operativa del complejo.
El conflicto llega a los tribunales
El STR considera, sin embargo, que la dirección ha impuesto de forma unilateral una medida que afecta directamente a la organización del trabajo sin atender las advertencias planteadas por la representación sindical. Ante la falta de acuerdo, el sindicato ha optado por recurrir a la vía judicial para que sea la Justicia quien determine si la modificación cumple con los requisitos legales y si resulta compatible con la realidad operativa y económica de la instalación.
"Cuando se agotan las vías de diálogo y negociación, corresponde a los tribunales analizar si las decisiones empresariales cumplen los requisitos legales exigibles", argumenta el sindicato, que asegura que su objetivo es defender la seguridad industrial, las condiciones laborales y los intereses de la plantilla.
La organización ha avanzado que mantendrá informados a los trabajadores sobre la evolución del procedimiento judicial y ha reiterado su compromiso de actuar frente a cualquier medida que considere perjudicial para la seguridad de las instalaciones o para los derechos de los empleados.
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