La evolución del indicador refleja un escenario de menor presión sobre los precios vinculados a determinados contratos y revisiones, al tiempo que apunta a una mejora de la competitividad de la economía española frente a sus socios de la zona euro. La caída de junio ha sido, además, la más acusada desde febrero, cuando el IGC llegó al -1,23%.
El comportamiento del indicador adquiere especial relevancia para las empresas y familias cuyos contratos están vinculados a este índice. Cuando el IGC presenta una tasa inferior al 0%, se toma como referencia el propio 0%, lo que implica la aplicación de la denominada regla de no revisión.
En la práctica, esto supone que la evolución negativa del índice no se traduce en revisiones de precios a la baja en aquellos contratos que utilizan el IGC como referencia, sino que limita la actualización al 0%.
Un indicador que lleva año y medio en negativo
La trayectoria del IGC confirma el cambio de tendencia experimentado desde comienzos de 2024. El indicador arrancó aquel ejercicio con una tasa positiva del 0,17%, pero posteriormente entró en terreno negativo y sólo recuperó tasas positivas en julio y diciembre.
Su peor registro de 2024 se produjo en septiembre, con una caída del 0,45%. En 2025, sin embargo, el índice permaneció en negativo durante los doce meses, consolidando una tendencia que se ha prolongado durante el primer semestre de 2026.
Así, los seis primeros meses de este año han registrado tasas negativas, hasta alcanzar el -0,76% de junio. La evolución supone una prolongación de un escenario en el que la inflación española ha dejado de ejercer la presión sobre la competitividad que se observaba en etapas anteriores.
La competitividad gana peso frente a la presión de los precios
El IGC está diseñado precisamente para establecer una referencia de revisión de precios compatible con la recuperación de la competitividad de España frente a la zona euro. Su cálculo toma como punto de partida la evolución del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de la Unión Económica y Monetaria y descuenta una parte de la pérdida de competitividad acumulada por España desde 1999.
El mecanismo establece, además, un límite superior equivalente al objetivo de inflación del Banco Central Europeo, situado en el 2%, para evitar que las revisiones vinculadas al índice puedan contribuir a alimentar desequilibrios de precios.
La permanencia del IGC en tasas negativas durante un periodo tan prolongado refleja, por tanto, una combinación de moderación relativa de los precios españoles frente al entorno europeo y corrección de los diferenciales de competitividad acumulados.
Para el tejido empresarial de Castilla-La Mancha, la evolución tiene especial interés en un contexto en el que la región mantiene una fuerte exposición a la evolución de los costes y de los mercados exteriores. Un entorno de menor presión en las revisiones de precios puede contribuir a contener determinados costes contractuales, aunque su efecto dependerá del tipo de contrato y de la referencia utilizada.
El dato de junio introduce así una nueva señal en el escenario económico de mitad de año: mientras la inflación continúa siendo uno de los principales condicionantes para hogares y empresas, el comportamiento del IGC muestra que la competitividad-precio de la economía española se encuentra en una fase de corrección, con un indicador que acumula ya año y medio por debajo de cero.
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