Padilla ha rechazado esa interpretación y ha asegurado que la posición del Ejecutivo de Emiliano García-Page responde exclusivamente a la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha. «Rechazar el modelo de financiación no es atacar a Pedro Sánchez ni ayudar a la extrema derecha», ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La portavoz ha considerado que Sabrido plantea una «falsa disyuntiva» al vincular la posición sobre la financiación autonómica con el respaldo político al presidente del Gobierno. Según Padilla, la cuestión que debe dirimirse es «el dinero que va a recibir» Castilla-La Mancha para financiar la educación, la sanidad, el bienestar social y el resto de servicios públicos.
«No se está decidiendo si se va en contra o no de una persona», ha defendido, antes de añadir que el modelo, a juicio del Ejecutivo autonómico, «defrauda a todos los ciudadanos de este país que tienen derecho a recibir la misma calidad de los servicios públicos».
El choque llega después de las advertencias de Sabrido a los diputados del PSOE
Las declaraciones de Padilla se producen un día después de que Sabrido descartase «ni siquiera remotamente» que los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso puedan romper la disciplina de voto cuando la reforma de la financiación llegue a la Cámara Baja. El delegado del Gobierno afirmó que no consideraba «razonable» que los parlamentarios de la región votasen en contra del modelo impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Sabrido defendió además que los diputados socialistas fueron elegidos dentro de candidaturas encabezadas a nivel nacional por Sánchez y sostuvo que un voto contrario al Gobierno central supondría «defraudar» a sus electores y beneficiar a las fuerzas de derecha y extrema derecha. El delegado también había rechazado que apoyar al Ejecutivo central implique «traicionar a Castilla-La Mancha».
La intervención de Sabrido se produjo después de que distintos cargos del PSOE castellanomanchego hayan planteado públicamente la posibilidad de que los parlamentarios de la región mantengan en Madrid la posición contraria al modelo que sostiene el Gobierno autonómico.
De hecho, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ya había respondido el martes al delegado del Gobierno para afirmar que no comparte su posición y calificar la propuesta de financiación como «un pésimo sistema» para la comunidad. Guijarro ha subrayado que el problema no es que Castilla-La Mancha vaya a recibir más recursos, sino cómo se distribuyen entre las comunidades autónomas.
Page mantiene su rechazo a nuevo modelo
El enfrentamiento político se produce en torno a una propuesta que, según los cálculos difundidos por el Ministerio de Hacienda, supondría para Castilla-La Mancha 1.248 millones de euros adicionales en 2027 respecto al sistema vigente. La cifra situaría a la región entre las comunidades que más aumentarían sus recursos en términos absolutos, aunque por debajo de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.
Precisamente ese incremento es uno de los argumentos que ha utilizado Sabrido para defender la reforma. Ya en julio sostuvo que los 1.248 millones adicionales debían ser valorados y negociados, aunque admitió que el modelo podía ser mejorado. También reprochó al Ejecutivo autonómico que centrase su rechazo en que la propuesta estuviese vinculada a los acuerdos alcanzados con fuerzas independentistas.
La Junta, sin embargo, sostiene que el aumento de recursos no resuelve el problema de fondo. El Gobierno de Page argumenta que el reparto empeora la posición relativa de Castilla-La Mancha y cuestiona especialmente el denominado principio de ordinalidad, por el que las comunidades con mayor capacidad fiscal mantienen una posición superior en recursos después del reparto.
El Ejecutivo autonómico ha mantenido esta posición durante todo el proceso. En enero calificó la ordinalidad como una «línea roja» y defendió que la financiación debe garantizar que todas las comunidades dispongan de recursos suficientes para prestar los servicios públicos en condiciones de igualdad, lo que se conoce como un modelo de financiación ajustado al coste efectivo de la prestación de los servicios.
En junio, el Gobierno regional volvió a rechazar el modelo por considerar que se había negociado al margen del conjunto de las comunidades y que consolidaba diferencias territoriales. Y en septiembre, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Ruiz Molina reiteró la «oposición frontal» de Castilla-La Mancha al entender que la propuesta empeora la posición relativa de la comunidad respecto al sistema actual.
Padilla sitúa a Madrid en el centro de la respuesta
En su respuesta a Sabrido, Padilla ha introducido además una comparación territorial. La portavoz ha sostenido que, «con los datos en la mano», el modelo beneficia a la Comunidad de Madrid, a la que ha señalado como la autonomía que «más presupuesto recibe por habitante ajustado».
Con ese argumento, el Gobierno regional trata de separar el debate sobre la financiación del enfrentamiento político entre Page y Sánchez y situarlo en el terreno del reparto de recursos entre territorios.
«Defender los intereses de Castilla-La Mancha no es atacar a Pedro Sánchez ni ayudar a la extrema derecha», ha concluido Padilla. «Vamos a ser serios. Es cumplir con nuestra obligación, con los dos millones de habitantes que tiene esta comunidad».
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