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La directora general de Atención a la Dependencia presenta los datos de Dependencia del mes de febrero.
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La directora general de Atención a la Dependencia presenta los datos de Dependencia del mes de febrero. (Foto: JCCM)

La Junta no tiene capacidad para gestionar a corto plazo su nueva ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad

miércoles 21 de marzo de 2018, 10:58h
El proyecto de ley de “Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha”, normativa pionera en España que ha aprobado el gobierno de Castilla-La Mancha, nace con buena voluntad y con una falta de recursos necesarios para hacerse realidad en el corto plazo. A finales de enero uno de los dos grandes departamentos encargados de llevar a la práctica esta ley, la dirección general de la Dependencia tenía en sus listas de espera a más de 17.000 castellano-manchegos, unos pendientes de que se resolviese su solicitud y otros con el derecho reconocido pendientes de recibir la prestación en modo de servicio social o de ayuda económica para su cuidado.

Los beneficiarios de las medidas de protección que contempla la ley son personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones y, en concreto, son 35.716 personas que representan un 25,36% del total de las personas con discapacidad que hay en Castilla-La Mancha. La Comunidad Autónoma quiere garantizar la protección de estas personas y sus derechos, especialmente cuando falten sus progenitores. Como señaló el presidente de Castilla-La Mancha “esta es una ley con alma, que va un paso más allá de la ley de dependencia”.

En concreto la norma quiere articular un sistema de planificación de apoyos para aquellas personas con discapacidad que tengan limitada su autonomía personal para la toma de decisiones y que en la medida de lo posible con el apoyo de su familia puedan manifestar sus preferencias sobre la atención integral, igualdad de oportunidades y la participación activa en el entorno comunitario cuando sus apoyos familiares falten. También recoge establecer una garantía de apoyo residencial una vez que la persona no cuente con sus apoyos familiares.

A falta primero de su tramitación parlamentaria y luego de su desarrollo reglamentario, el presidente aseguró que “no faltarán recursos” para llevarla adelante, responsabilidad que recaerá en el departamento o departamentos que desarrollen las competencias de bienestar social y sanidad. En principio el grueso del trabajo recaería en las direcciones generales de Dependencia y de Mayores y Personas con Discapacidad, cuyos titulares acompañaron al presidente y a la consejera de Bienestar Social en la rueda de prensa de presentación de la ley.

Un día antes a la aprobación del proyecto, la propia directora general de la Dependencia, Ana Saavedra, había informado del trabajo de su departamento y la evolución de las solicitudes de la dependencia. De los datos facilitados y de la información oficial sobre expedientes en vigor, se constata que, a pesar del refuerzo de personal para tratar de agilizar los procedimientos, a finales de enero se constata el elevado número de dependientes en las dos grandes listas de espera: la de personas pendientes de que se estudien sus solicitudes y la de aquellas que ya estudiados aguardan a que se les preste el servicio que tienen reconocido.

La lista de espera de castellano-manchegos que aguardan a que se resuelva su petición de atención a la dependencia, es decir de expedientes pendientes de resolver se elevaba a 6.412. De las 84.853 peticiones de atención solicitadas se dictaron 78.441 resoluciones, que terminaron por reconocer derechos a 62.311 dependientes. Sin embargo, en la actualidad, el gobierno sólo tiene capacidad económica y estructural para cubrir los de 51.790, con lo que la lista de espera de beneficiarios con derechos reconocidos es de 10.810.

A finales de febrero, la dirección general sólo había librado 19.822,40 euros de los 823.100 que tiene presupuestados este año para transferir a los municipios para la atención a personas con dependencia. De las ayudas económicas para atención a la dependencia que suman 102,45 millones de euros, apenas había pagado 5,48 millones de euros. Aún más, la gestión administrativa revela que no sólo había pagado ese escaso 5,35% de los fondos disponibles, sino que no había autorizado, comprometido (fases por las que pasa a efectos económicos los expedientes) u obligado otras cantidades. Otro tanto ocurre con las ayudas a la autonomía personal, de los 3,25 millones consignados, sólo había pagado 28.769,31 euros. Finalmente de los fondos para acción tutelar, que este año ascienden a 2.789.230,00, no había reconocido obligaciones de pago, por lo que no había gastado ni un solo euro. Esto hace que el grueso del programa de atención a los dependientes, que son las ayudas, estuviese prácticamente sin empezar a gastar pasado, los dos primeros meses del año. En concreto, las obligaciones de pago representaban tan sólo el 5,07 del capítulo.

La otra gran partida de atención a la dependencia es la de convenios con entidades privadas (centros de atención). De los 6,95 millones de euros destinados a cubrir estas obligaciones, sólo se habían reconocido y pagado 780.629,76 euros.

La dirección general de Mayores y Personas con Discapacidad, el otro pilar responsable de sacar adelante el día a día de la nueva ley anunciada por el presidente García-Page, presenta unos datos parecidos. De los 4,2 millones de euros para convenios con entidades privadas para este año, a 1 de marzo había pagado 0,5 millones y de los convenios para plazas residenciales dotados con 6,16 millones de euros había pagado 854.000 euros. En cuanto a las ayudas, de los 58 millones previstos, a principios de este mes sólo había abonado 1,67 millones.

Y si la dotación de plantilla actual es insuficiente para cubrir la ley de dependencia y la atención a sus beneficiarios, como demuestran los datos de gestión tanto de expedientes como económica, la nueva ley de “Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha” contempla que ”se establecerán unidades de orientación y apoyo bajo la coordinación y asesoramiento de las Consejerías competentes en materia de servicios sociales y sanidad en las que se orientará e informará de todas aquellas cuestiones relacionadas con la garantía de los apoyos de las personas con discapacidad, y en particular acerca de la elaboración, seguimiento y puesta en marcha del plan personal de futuro. En las unidades de orientación y apoyo existirá un agente mediador o profesional especializado en el apoyo a las personas con discapacidad y sus familias. el agente mediador”.

Con independencia de que pueda existir una gestión conveniada con el tercer sector, esta medida supondrá la necesidad de ampliación de plantillas, una medida que tiene unos plazos que se cuentan por trimestres.

A preguntas de clm21.es sobre la capacidad de la Administración regional para hacer efectiva esta nueva ley que refuerza la de dependencia, el presidente dijo que dentro de la atención en los servicios públicos se establecen prioridades y puso como ejemplo las urgencias de la sanidad o los grandes incendios.

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