El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, considera que la Ley de Mecenazgo del gobierno que está en tramitación parlamentaria debe ponerse bajo sospecha, a la luz de las informaciones sobre las donaciones de Incarlopsa a la Fundación Impulsa y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, en la que se da amparo a los veterinarios a los que el gobierno del presidente García-Page sancionó por levantar actas sobre posible maltrato animal por parte de la compañía cárnica. Una sentencia en la que la justicia se refiere al proceder de la Administración con términos como manifiesta arbitrariedad, complacencia, actuar al dictado de la empresa, claudicación frente a los deseos de esta o vulneración de derechos de los funcionarios.
Llorente, además de esta cuestión, ha recriminado al gobierno por el apoyo decidido de la Consejería de Agricultura a la ganadería intensiva, como una de las piezas del puzle y contra la que se ha manifestado en un debate general en las Cortes. Estos elementos llevan al portavoz de Podemos a señalar que “desde nuestro grupo analizaremos las posibles implicaciones de estas cuestiones en la ley del mecenazgo y en qué medida puede suponer un riesgo de tratar de institucionalizar un modelo del intercambio de favores entre algunas grandes empresas y el gobierno, como puede haber sucedido a través de la fundación Impulsa”. Para Llorente la información sobre las donaciones de Incarlopsa a Impulsa, la fundación para promoción que tiene el gobierno regional, y que fueron reveladas por clm21.es, “son probablemente lo que explica el trato de favor que ha recibido la empresa”
Respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia que falla a favor de los veterinarios que levantaron las actas por maltrato animal a Incarlopsa y que fueron suspendidos por ello en junio de 2016 por el gobierno de García-Page, el portavoz de Podemos, David Llorente, ha señalado que “el gobierno tiene que dar explicaciones”. Por ello se plantea la posibilidad de presentar una pregunta parlamentaria para que el gobierno diga quién fue el responsable de tomar esa decisión contra los veterinarios que levantaron las actas: “Se ha señalado al director general de Salud Pública, pero dudo que, si es el caso, tomase esa decisión por su cuenta. Es el gobierno el que debe explicar quién es responsable de esa decisión de abrir expediente a estos veterinarios”. Llorente quiere que se aclare y se depuren las responsabilidades sobre quién en el gobierno dio la orden de perseguir y acosar a los veterinarios que denunciaron la violación de la ley de seguridad animal.
La pregunta que anuncia el portavoz de Podemos se suma a otras dos que ya ha tramitado sobre las ayudas públicas a la ganadería intensiva y, en concreto, para que el ejecutivo diga cuánto dinero ha destinado en ayudas a este tipo de ganadería industrial.
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