En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en el procedimiento por este asunto se emplean términos para referirse al proceder del Gobierno contra los funcionarios como "manifiesta arbitrariedad, complacencia actuar al dictado de la empresa, claudicación frente a los deseos de esta o vulneración de derechos de los funcionarios”.
Tal y como ha venido informando clm21.es, Incarlopsa había tratado de apartar a los veterinarios que levantaron actas en su matadero por incumplir la normativa de bienestar animal al estar sacrificando cerdos sin sedación, la Junta abrió expediente a instancias de la empresa a los veterinarios, a los que terminó apartando de servicio en junio de 2016. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha condenó al gobierno del presidente García-Page por esta actuación y adicionalmente hizo recaer las costas del procedimiento en primera instancia sobre la Junta de Comunidades y la empresa Incarlopsa.
Asimismo, clm21.es ha dado cuenta de que el grupo cárnico ha hecho donaciones a la Fundación Impulsa, que entre ese sus fines tiene la promoción publicitaria e institucional del gobierno regional. También de que el gobierno otorgó una subvenciones de 4,75 millones de euros al grupo cárnico en diciembre de 2016 como empresa no pyme, tras haberse modificado los criterios en cuanto a las ayudas del FOCAL.