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Emiliano García-Page en la visita este jueves a la exposición sobre la Semana Santa de Cuenca que ha organizado la Junta en Roma.
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Emiliano García-Page en la visita este jueves a la exposición sobre la Semana Santa de Cuenca que ha organizado la Junta en Roma. (Foto: Juan García-Hinojosa/JCCM)

La semana de calvario para el gobierno se adelantó siete días

jueves 22 de marzo de 2018, 21:09h

Ha sido la semana de las personas con discapacidad psíquica. Y ha sido la semana del presidente García-Page y el “falso rumor”, que es como él ha calificado una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a propósito de la persecución que hizo el gobierno a los veterinarios que denunciaron maltrato animal en la empresa Incarlopsa.

En medio de la tormenta política por el caso Incarlopsa y las donaciones empresariales a la Fundación Impulsa -encargada de la promoción institucional del gobierno y de buena parte de las campañas de publicidad-, el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, ha convocado a una comida a varios directores de medios para el lunes de Semana Santa. Existe malestar en el sector de la comunicación por los incumplimientos publicitarios por parte del Ejecutivo y el presidente trata de calmar los ánimos y cerrar la semana de calvario político.

Las revelaciones de Economía Digital y de Clm21.es han sacado a la luz pública algunas de las relaciones de esta empresa con la Junta de Comunidades, en concreto las donaciones por 400.000 euros realizadas por la compañía a la Fundación Impulsa, que tiene entre sus fines y actividades la promoción institucional del gobierno del presidente García-Page y que ejecuta buena parte de las campañas de publicidad del ejecutivo regional. También las modificaciones y novedades legislativas realizadas por el gobierno actual en las bases reguladoras del programa de ayudas FOCAL, que ha permitido al grupo Incarlopsa recibir 4,75 millones de euros en subvenciones. Con la redacción de la normativa del periodo anterior el gobierno regional denegó las ayudas solicitadas por este grupo, acto que fue ratificado en sentencia firme por el tribunal Superior de Justicia. Ni el presidente, ni el consejero de Agricultura, ni la directora general de Promoción Institucional, ni nadie de la Fundación Impulsa han explicado este tema.

No ha sido la única empresa donante de la Fundación que aparece en el listín de beneficiarios de ayudas públicas. Otras aparecen como contratistas de la administración regional con obras importantes y alguna fue objeto de expedientes sancionadores por faltas graves o muy graves contempladas en la normativa autonómica, entre ellas la de protección del medioambiente. El gobierno no ha publicado cómo se cerraron esos expedientes. Castilla-La Mancha carece de ley de mecenazgo que regule las donaciones. Alguna de las empresas ya ha trasladado su malestar y preocupación por la situación. Hay compañías en las que el malestar es profundo porque su actuación ha sido de buena fe y para atender a la petición de colaboración que se les hizo.

En el terreno de los partidos, algunos miembros del gobierno regional y su propio presidente han aprovechado el anuncio del Ministerio de Defensa sobre el plan de modernización de armamento y de inversión militar al que viene obligado nuestro país por su pertenencia a la OTAN para sacudirle a la ministra. El que no ha abierto la boca, porque sabe de lo que se trata, es el consejero de Hacienda, que no en balde fue consejero de una de las industrias militares más importantes de España. Sería bueno que García-Page le escuchara. Aunque sólo fuera por prudencia.

Ruiz Molina por fin ha hablado de financiación. De lo que se trata es de tener el dinero para garantizar la adecuada prestación de los pilares del Estado del Bienestar en Castilla-La Mancha: sanidad, educación, servicios sociales y dependencia. La actuación del gobierno en estas cuestiones ha sido unilateral. En García-Page prima el interés electoral sobre el interés regional. Si algo ha demostrado la crisis en esta legislatura y en la anterior es que es necesario un gran pacto autonómico sobre la garantía y excelencia de los servicios públicos. Los datos demuestran que el gobierno es incapaz de atender la cartera de servicios y se ha lanzado a ampliar la oferta. Algo que es plausible, pero que puede terminar generando grandes frustraciones si no tiene una ficha financiera capaz de recuperar la calidad perdida en los servicios existentes y de llevar adelante las iniciativas para cubrir los nuevos que se ponen en marcha.

Ha aprobado el gobierno una “ley con alma” con la que es difícil que alguien pueda estar en desacuerdo y que todos debemos apoyar. Es una ley para garantizar los derechos y la atención de las personas con discapacidad y especialmente cuando falten sus padres. Son 35.716 personas que tienen limitada la autonomía personal para la toma de decisiones y es a ellas a las que se quiere proteger y blindar el derecho a su atención por la Administración.

Dice el presidente que no va a faltar dinero para ello, que es prioritario –palabra de presidente-. Se dijo lo mismo sobre la dependencia y hay más de 10.000 dependientes con derechos reconocidos por la administración, abandonados a su suerte porque el gobierno regional no tiene la capacidad económica y estructural para atenderles. Los más necesitados, los primeros. Es un buen deseo y una buena frase. A fin de cuentas la familia Lorente Piqueras, los de Incarlopsa, está en el puesto 148 de las mayores fortunas de España. Una posición a la que ha llegado, entre otras cosas, por su trabajo.

En sanidad, las listas de espera quirúrgica llaman a la preocupación con más de 37.000 personas que aguardan una operación. Hay necesidad de contratación de profesionales médicos y de acabar con la precariedad de buen número de los que están contratados. En la enseñanza tampoco iban a faltar fondos para el proyecto de “Escuela 2.0” y esta semana los profesores de Informática protestan porque la Consejería ha dictado una orden por la que se reducen plazas de profesores de Informática. El año pasado más de 37.000 castellano-manchegos presentaron quejas por el funcionamiento de la sanidad… Los datos invitan a avanzar en un gran acuerdo social.

La obligación del gobierno -de este y del que le sustituya- es garantizar los suficientes fondos para gestionar todas estas carencias de los servicios públicos y cubrir esa atención a esas 35.716 personas contempladas por la nueva ley. Ese es el reto. Las leyes son fáciles de hacer. Ahora sólo hace falta que se cumplan. Esa es la mejor promoción institucional. Y el mejor servicio público de los medios de comunicación, en estos casos, es informar sobre su grado cumplimiento.

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