El informe sitúa en 34,0% la tasa AROPE de Castilla-La Mancha en 2025, lo que equivale a alrededor de 724.000 personas. Aunque el indicador ha mejorado ligeramente respecto al 34,2% registrado en 2024, la región mantiene una de las tasas más elevadas del país y se sitúa, por segundo año consecutivo, como la segunda comunidad autónoma con mayor riesgo de pobreza o exclusión, solo por detrás de Andalucía.
La situación cambia de forma especialmente acusada en función del régimen de tenencia de la vivienda. Entre las personas que viven de alquiler a precios de mercado, casi dos de cada tres están en situación de AROPE, mientras que entre quienes tienen una vivienda en propiedad la proporción se reduce a aproximadamente una de cada cuatro.
Además, el coste de la vivienda representa una carga especialmente elevada para los hogares con menos recursos. Las personas en situación de pobreza destinaban en 2025 el 30,2% de sus ingresos a la vivienda, prácticamente el doble que el conjunto de la población castellanomanchega, que dedicaba el 16,2%.
Aumentan los problemas para pagar la vivienda
Las dificultades para afrontar los gastos asociados a la vivienda también han aumentado. El 12,2% de la población de Castilla-La Mancha sufrió en 2025 retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca, 1,2 puntos más que un año antes y por encima del 10,6% registrado en el conjunto de España.
La presión es todavía mayor entre las personas que ya se encuentran en situación de pobreza. El 22,8% soporta un gasto elevado en vivienda, frente al 6,7% del conjunto de la población regional. Este porcentaje se ha incrementado en 1,9 puntos en un año.
A los gastos de vivienda se suman los relacionados con los suministros. El informe señala que el 19,3% de la población castellanomanchega no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, reflejando el impacto de los costes energéticos sobre los hogares con menor capacidad económica.
La pobreza infantil alcanza al 43,4% de los menores
La situación es especialmente preocupante entre la población infantil. La tasa AROPE de los menores de 18 años alcanza el 43,4%, frente al 41,1% de 2024. El incremento de 2,3 puntos convierte a los menores en el grupo de edad con mayor riesgo de pobreza y exclusión social en Castilla-La Mancha.
La pobreza severa afecta al 15,4% de los menores de 18 años, mientras que alcanza al 12,3% de las personas que viven en hogares con niñas, niños y jóvenes económicamente dependientes. En los hogares sin menores, este indicador se sitúa en el 5,3%.
El informe también alerta del aumento de la desigualdad por sexo. El riesgo de pobreza o exclusión alcanza al 36,9% de las mujeres, frente al 31,2% de los hombres. La brecha de género ha pasado así de 2,1 a 5,7 puntos en un solo año.
Las prestaciones evitan que más población caiga en la pobreza
El sistema de protección social continúa desempeñando un papel relevante para contener la pobreza en la región. Según EAPN-CLM, las transferencias del Estado evitan que el 21,8% de la población castellanomanchega caiga en situación de pobreza.
De ese porcentaje, un 14,8% corresponde al efecto de las pensiones de jubilación y supervivencia, mientras que el 7% restante procede del resto de prestaciones.
Sin embargo, la organización advierte de las dificultades para que estas ayudas lleguen a todas las personas que cumplen los requisitos. En el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la tasa de personas que podrían recibirlo pero no lo hacen alcanza el 60,3% en Castilla-La Mancha, frente al 55% nacional.
En otras palabras, seis de cada diez personas que cumplen los requisitos para acceder al IMV no están percibiendo esta prestación, según los datos recogidos por el informe.
EAPN-CLM pide situar la vivienda en el centro de la lucha contra la pobreza
Ante esta situación, EAPN-CLM considera que la lucha contra la pobreza debe abordar de forma prioritaria el acceso a una vivienda asequible y adecuada. La organización sostiene que el elevado peso de los costes residenciales sobre los ingresos de los hogares con menos recursos limita su capacidad para afrontar otros gastos básicos y aumenta el riesgo de exclusión.
La Red reclama más inversión pública en vivienda accesible y gestionada, además de políticas orientadas a mejorar el acceso a empleos de mayor calidad y reforzar la red pública de protección para actuar antes de que las situaciones de vulnerabilidad se agraven o se cronifiquen.
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