La publicación del informe ha coincidido en fecha con la publicación en el Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha de la pregunta oral ante el Pleno del pasado 10 de mayo, formulada por el diputado de Podemos David Llorente Sánchez relativa a la ganadería intensiva y la respuesta dada por el gobierno regional, a través del consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo. Llorente ya había pedido al titular de Agricultura que asumiera su responsabilidad: “debe evaluar el impacto socioambiental acumulado que supone la instalación masiva de macrogranjas en Castilla-La Mancha, y debe defender el interés general, señor consejero, por mucho dinero que haya donado Incarlopsa a la Fundación Impulsa”, dijo el portavoz de Podemos.
Los datos destacados del informe de la doctora del Hospital General de Albacete apuntan a problemas derivados de la resistencia a los antibióticos, afirmando que “si suministramos antibióticos de forma indiscriminada a los animales destinados al consumo humano, estos animales desarrollaran cepas comensales resistentes a los antibióticos, que posteriormente podrían pasar al ser humano a través de los diferentes productos alimentarios”. También señala y documenta graves problemas medioambientales como la contaminación de las fuentes locales de agua debido a la filtración de nitratos de los purines de los cerdos o la acumulación de gases nocivos de amoníaco y de sulfuro de hidrógeno.
En relación a los problemas medioambientales derivados de la instalación de macrogranjas, David Llorente acusó al gobierno regional de mantener una postura incongruente: “Dice que subvenciona también la ganadería extensiva, pero eso no justifica que subvencione al tiempo la ganadería intensiva de las macrogranjas. Es como subvencionar el cambio climático y la lucha contra el cambio climático”. Llorente exigió coherencia y responsabilidad en los criterios de la Junta de Comunidades para controlar las subvenciones ganaderas: “Hay que subvencionar lo que es sostenible y conveniente para el interés general, y lo que no lo es, habrá que regularlo en todo caso, pero no subvencionarlo”.
De hecho, el informe de la doctora Ángela Prado apunta a una falta de regulación normativa relativa a la instalación de macroexplotaciones ganaderas y señala que otros países europeos han endurecido su legislación con el fin de controlar sus efectos adversos, como es el caso de Holanda y Dinamarca y añade que “es debido a esta política restrictiva que muchas empresas hayan decidido trasladar sus explotaciones a otras zonas de Europa donde la normativa ambiental no es tan estricta, como España”.
Frente a esto, el gobierno regional considera que está ejerciendo su responsabilidad en materia medioambiental y así lo afirmó el consejero de Agricultura durante el pleno: “El Gobierno ejercerá su responsabilidad ambiental en la que tiene competencias, y lo está haciendo, sinceramente así lo creo, con total responsabilidad”
Por contra, elude su responsabilidad sobre la instalación de macrogranjas en la Comunidad, delegando las competencias en los ayuntamientos. Según señaló el consejero de Agricultura, “el órgano sustantivo de cualquier proyecto empresarial es el ayuntamiento, y si el ayuntamiento no quiere seguir adelante con un proyecto de granja de porcino, puede pararlo en cualquier momento”.
Martínez Arroyo mantuvo el discurso adoptado por el ejecutivo regional en pasados debates, pese a que David Llorente ya lo hubiera rechazado peviamente señalando que ningún ayuntamiento puede aprobar la instalación de una macrogranja sin que la Consejería de Agricultura la haya autorizado antes “y una vez que la ha autorizado, para el ayuntamiento es muy difícil oponerse al promotor” y que, para más inri, el Estatuto de Autonomía establece que es la Junta la que tiene competencias exclusivas en ordenación del territorio, agricultura y ganadería, y planificación de la actividad económica.
El caso Incarlopsa
La pregunta del parlamentario de la formación morada, conocido por su posición crítica hacia la instalación de macrogranjas en zonas rurales de Castilla-La Mancha, nace a raíz de la investigación del caso Incarlopsa realizada conjuntamente por clm21.es y Economía Digital, que sacó a la luz una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha que arremete duramente contra el ejecutivo regional. En dicha sentencia el Tribunal asegura que el gobierno autonómico “trabajó bajo las órdenes de la empresa”, lo que supone “una manifiesta arbitrariedad y demuestra complacencia y claudicación” ante el proveedor cárnico de Mercadona, en relación a la apertura de expediente disciplinario a varios veterinarios de la Junta después de que estos levantaran decenas de actas por maltrato animal en el matadero de Incarlopsa.
Clm21.es señaló también cómo el gobierno del presidente García-Page modificó en 2015 los criterios establecidos en la orden de 2009 para acceder a las ayudas de la línea (FOCAL), levantando las restricciones a grandes empresas. Así, el 31 de diciembre de 2016, el gobierno del presidente García-Page concedió a Industrias Cárnicas Loriente Piqueras (Incarlopsa) una subvención de 3.478.658,68 euros y a Secaderos de Almaguer Sociedad Anónima una de 1.274.013,75. Eso las convertía en la segunda y la cuarta compañía más bonificadas de la convocatoria.
Además, Incarlopsa donó 400.000 euros a la Fundación Impulsa que lleva a cabo labores de promoción del gobierno del presidente García-Page.
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