Cuatro conflictos de servicios sociales entre CLM y el Ministerio con trasfondo económico, sobre la mesa de la nueva ministra

En marzo la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, criticó al gobierno de Rajoy porque no hubiera introducido el tema del Bono Social en el orden del día del último Consejo Interterritorial de Servicios Sociales: “Castilla-La Mancha -manifestó la consejera- no está en contra del Bono Social, pero sí de la forma en que se ha gestionado y tramitado”, y argumentó que su entrada en vigor “supone un incremento de gestión para todas las Comunidades Autónomas y, además, supone un incremento presupuestario” del que no se hace cargo el Gobierno.

El origen del enfrentamiento hay que buscarlo en que el decreto de Bono Social establece un sistema de descuentos de hasta un 50% en función de la renta para aquellas familias más vulnerables. El decreto remite a las personas en situación de emergencia a los servicios sociales de las Comunidades Autónomas. Entiende el gobierno regional, que tiene las competencias en materias de servicios sociales, que se ha producido una invasión de competencias que genera una sobrecarga de trabajo a los servicios sociales de la Junta y que hace peligrar el Plan contra la Pobreza Energética, al amparo del cual la Comunidad tiene un acuerdo con las grandes empresas energéticas del país para evitar los cortes de suministros a las familias vulnerables.

La razón que subyace en el conflicto no es tanto social como económica, porque la Junta debería hacerse cargo de los impagos y porque además podría necesitar incrementar la plantilla de servicios sociales.

No es el único conflicto social con trasfondo económico que mantiene abierto Castilla-La Mancha con el gobierno central. Otra de la fuente de conflictos está en la regulación de la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% de interés social del IRPF, de las que este año se han hecho cargo por primera vez las Comunidades Autónomas. Hace un mes el gobierno destacaba que el modelo, no obstante, continuará siendo de doble tramo, en que las Comunidaes gestionarán el 80% de los fondos y el Ministerio el otro 20%. Algunas regiones gobernadas por el PSOE plantearon reducir el dinero del Ministerio en 7 puntos y aumentárselo a las Comunidades.

El 11 de mayo la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia trató el sistema del reparto.

La tercera fuente de conflicto es la financiación del sistema de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). El aumento de la inmigración ilegal desde África ha supuesto que en Castilla-La Mancha durante 2017 se tuvieran acogidos a un centenar de menores extranjeros no acompañados, el doble que en 2016, por lo que desde Bienestar Social se reclama al Ministerio “una respuesta coherente y coordinada”.

Pero en cuestión de valores económicos, la mayor reclamación está en el sistema de dependencia. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha venido reclamando al Ministerio gobernado por el PP una deuda de casi 400 millones de euros. Además, Aurelia Sánchez exigía al gobierno de Rajoy que se aumentasen las aportaciones de la administración central. En abril de 2017, con motivo de otro pleno del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, la consejera de García-Page señalaba que “de 100 euros que cuesta la dependencia, un usuario pone 19, el Gobierno de España 18 y la comunidad autónoma 63, por tanto le exigimos que ponga igual, sabemos que tiene que ser poco a poco, pero lo que ha propuesto de 100 millones de euros nos parece insuficiente para llegar al objetivo que pone la Ley de Dependencia”.