Entre los fondos de los programas ministeriales que permanecían sin gestionar a final del año pasado figuran el del VII Plan de la Vivienda, dotado con 4,75 millones de euros; los 450.000 euros para ecoagricultura o los 813.000 euros para investigación científica y tecnológica con fondos MINECO. De los 32,7 millones adjudicados para proyectos financiados por diversos ministerios, a final del ejercicio el gobierno del presidente García-Page sólo había reconocido derechos por la tercera parte, 11,2 millones de euros.
De los 420,7 millones previstos, el gobierno sólo anotó como derechos reconocidos 154,75 millones, de los que ingresó 139,3 millones
Así figura en el documento oficial del gobierno regional “Inversiones/subvenciones del Estado y europeas. Ingresos finalistas del sector del Estado y Unión Europea. Capítulo VII Transferencias de capital”, que recoge el grado de financiación de las inversiones con subvenciones finalistas. El reconocimiento de derechos de cobro se realiza una vez han sido justificados los gastos.
En cuanto al dinero procedente de la Unión Europea para financiar proyectos de inversión de la Comunidad Autónoma, el documento recoge que de los 344,3 millones la Junta sólo generó derechos por 102,5 millones. Las inversiones más afectadas fueron las que se financiaban con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Los 40 millones del FEDER estaban en gestión cero a final de año, lo mismo que los 4,5 millones para ecoagricultura y los 2,65 millones para prevención de incendios del Fondo Europeo Agrario y otros 6,6 millones para ecoagricultura del FEAGA.
Otros proyectos financiados por la Unión sí empezaron a gestionarse, pero presentan un bajo nivel de ejecución. Entre ellos están los del programa “Vinati Inversión” que tiene como objetivo subvencionar los proyectos de transformación y comercialización que mejoren el rendimiento de la empresa vitivinícola de la región. De los 35 millones puestos por Bruselas, el gobierno regional sólo generó derechos de ingresos por 9 millones de euros. Ese bajo nivel en la gestión por parte de la Consejería no impedía al consejero Martínez Arroyo presumir de las ayudas al sector agroalimentario y especialmente del vino el 1 de diciembre durante una visita a Valdepeñas y anunciar que habría un nuevo Vinati en 2018 y que en esta legislatura se llevaban gestionados 180 millones en ayudas a la industria agroalimentaria. Sin embargo, esa industria ha visto cómo buena parte de los fondos que Europa y el gobierno central concedía a la Junta para ayudarla se quedaba sin gestionar por parte de la Consejería. En 2017, de los 7,8 millones del Ministerio para agroindustria, el gobierno sólo gestionó 410.000 euros. Y de los 64,2 millones del Fondeo Europeo Agrario para las industrias agroalimentarias de la región, el gobierno del presidente García-Page sólo gestionó 4,2 millones de euros.
Las cifras vienen a ensombrecer algunas de las principales líneas políticas de actuación marcadas por el Ejecutivo. No sólo se ha visto afectado uno de los motores económicos de la región, la industria agroalimentaria, que es la que tira de las exportaciones. También las inversiones y ayudas al mundo rural para generar empleo, mejorar los servicios y evitar la despoblación en esas zonas también se han visto fuertemente afectadas por el bajo nivel de gestión de la Consejería de Agricultura. De los programas de desarrollo rural Leader dotados con 40,5 millones financiables por la Unión Europea, la Junta sólo gestionó 2,6 millones. Además, de otra línea dotada con 3,7 millones para infraestructuras de desarrollo rural el gobierno regional sólo llegó a reconocer derechos por 92.000 euros.
Otros programas considerados estratégicos, como el de jóvenes agricultores o el de reconversión del viñedo también presentan un bajo nivel de ejecución. El primero estaba dotado con 26,6 millones de euros y se gestionaron 10,8 millones. Para el segundo, Bruselas ponía 47,3 millones pero la Junta gestionó 22 millones. Lo mismo sucede con los planes de mejora de explotaciones agrarias dotados con 10,6 millones de euros de la Unión Europea, de los que a final de año, la Consejería sólo había justificado la gestión de 126.000 euros.
Los programas que presentan el mayor grado de ejecución son los de la lucha contra incendios y los de agroforestación. La principal partida para prevención de incendios de la Unión Europea se había gestionado casi en su totalidad; de los 33 millones, el gobierno regional se había gastado más de 30 millones y la partida de 10,5 millones para forestación se había gestionado en su totalidad.