Balance de tres años de dependencia: El gobierno deja sin gastar anualmente más de 30 millones de euros en ayudas, con más de 15.000 dependientes en listas de espera

Uno de los mayores fracasos del sistema de dependencia sigue siendo el de la lista de espera. En primer lugar, la de personas que están pendientes de que se evalúe sus casos. Y en segundo lugar de aquellas que, una vez dictaminadas se les reconoce el derecho de atención pero no se les presta. En el primer grupo, cuando el gobierno del presidente García-Page asumió el poder, en la región había 5.093 castellano-manchegos pendientes de que se estudiase su caso para saber si tenían o no derecho a la cobertura del sistema. La cifra representaba el 6,49% del total de peticiones contabilizadas en el tiempo. Hoy día (los últimos datos son a 31 de mayo de 2018), la cifra se ha incrementado a 6.570, el 8,32% de las solicitudes, que todavía permanecen en los cajones de la Consejería.

La segunda lista es la que se conoce como limbo de la dependencia. En junio de 2015 contabilizaba 9.432 personas con derecho reconocido pero sin recibir la prestación. En mayo de este año, la cifra es de 8.593.

En 2016 el gobierno tenía 102,5 millones de euros para ayudas económicas para la atención a la dependencia. A pesar de la lista de espera de beneficiarios sin atender, se dejó sin gastar 33,3 millones de euros, casi una tercera parte del dinero. En noviembre de 2017 (último dato oficial) el gobierno había reducido la partida de ayudas en 11,5 millones. A pesar de eso, todavía tenía pendiente de ejecutar 36 millones de euros de las ayudas económicas de atención a la dependencia y de los 2,7 millones de ayudas para la autonomía personal que aprobó el Parlamento Regional, tenían sin gastar 846.702 euros, el 31,36%

En el transcurso de este mandato, el principal logro del ejecutivo ha sido ir aumentando el número de beneficiarios atendidos por el sistema, que ha pasado de 34.725 a 53.961. Un logro que empieza a dar señales de retroceso, en la medida en la que en lo que llevamos de año el sistema atiende a menos dependientes que a finales del año pasado (1%). El análisis de las cifras del sistema revela además que el incremento de la atención se ha producido mediante un cambio, donde ha perdido mucha fuerza porcentual el cuidado por las familias, basado en el modelo de prestaciones económicas, y el cuidado en residencias en favor de un sistema sustancialmente más económico, en el que ha crecido el peso de la ayuda a domicilio y la teleasistencia.

El servicio de teleasistencia, consiste en una atención permanente, las 24 horas del día y todos los días del año, prestado a través de telefonía fija o móvil y atendido por personal específicamente preparado para dar respuesta adecuada a situaciones de emergencia o de necesidad social. Para hacerse una idea del coste que puede tener este servicio, basta señalar que algunas organizaciones no gubernamentales (entre ellas Cruz Roja) lo ofertan por menos de 1 euro al día, cantidad sustancialmente muy inferior al coste de una atención residencial, que puede alcanzar los 2.000 euros mensuales.

En junio de 2015 se atendía por teleasistencia a 4.922 personas y el gobierno tenía adjudicado un contrato con el que se podía llegar a atender hasta aproximadamente 10.000 personas. Al nuevo gobierno la cifra se le ha quedado corta. Los datos de mayo revelan que este sistema de atención a bajo coste se había disparado y llegaba en mayo a 10.124 personas. En abril ya anunciaba que iba a sacar un concurso para ampliar el número de terminales y daba a conocer que la lista de espera era de casi 1.000 personas. Casi dos meses después, la semana pasada, el gobierno vuelve a anunciar el concurso con el que trata de resolver los grandes números de la dependencia y llegar a las elecciones defendiendo que se atiende a más dependientes, aunque ese sistema se base en un servicio a través del teléfono y con un coste mínimo.

Las ayudas en el entorno familiar se han reducido en casi 3.400, desde las 16.804 hasta las 13.039 y este tipo de prestaciones ha pasado de tener un peso del 48% dentro del sistema de atención a ser sólo del 24%. La liberación de estos recursos ha permitido inyectar más fondos a otros sistemas, como el servicio de ayuda a domicilio, con el que se atiende a 15.055 pacientes, más del doble que en 2015. La diferencia es que las ayudas para cuidado en el entorno familiar facilitaban una mayor atención y de forma más continuada, la asistencia domiciliaria en muchos casos permite una mayor flexibilidad horaria y atender a más dependientes.

La ayuda a domicilio en muchos casos es para prestar servicios puntuales. Existen tres modalidades de ayuda a domicilio. La básica comprende las atenciones necesarias en la realización de tareas de limpieza de la vivienda, lavado y planchado de ropa, realización de compras, preparación o servicio de comidas, movilización, aseo personal y vestido para facilitar a la persona su normal desenvolvimiento en el domicilio. La Extraordinaria de apoyo personal y alivio familiar, que se presta los domingos y días festivos a dependientes que vivan con otras personas. Comprende, exclusivamente, las atenciones necesarias para la movilización, aseo personal y vestido de la persona dependiente. Finalmente están las ayudas complementarias de prevención, promoción e inserción social, que comprenden las atenciones de carácter psicosocial, compañía y movilidad, información y gestión.

Algunas organizaciones no gubernamentales establecen una tarifa media de 7 euros la hora por asistencia a domicilio, y las empresas llegan a cobrar el doble, hasta los 14 euros.

Algunas de las reducciones de las ayudas en el entorno familiar tienen su origen por el ingreso del dependiente en una residencia. En estos tres años, la atención en estos centros ha aumentado en torno a 2.400 personas (ha pasado de 9.923 a 12.374), aunque su peso en el conjunto ha disminuido. Si antes las residencias suponían el 29% de las prestaciones ahora son el 23%.

Así las cosas y con estas cifras, se está lejos de cumplir el pacto por la dependencia. La política del Presidente García-Page que empleó la dependencia junto a la sanidad y la educación como promesas con las que llegar al poder, es cuestionada por la Plataforma de la Dependencia, que denuncia este sistema de bajo coste. A la hora de hacer balance de los tres años de gestión del gobierno del presidente García-Page, la Plataforma señala que “de las 18.622 nuevas prestaciones concedidas en lo que llevamos de legislatura, 16.000 son de bajo coste, unos 20 euros al mes por dependiente. A esto hay que añadir que en estas prestaciones el beneficiario tiene que hacer frente económicamente a una parte importante de ellas, lo que implica que muchas familias renuncien a estas prestaciones".

Lo grave es que mientras se produce esta situación, los documentos oficiales de ejecución presupuestaria ponen de manifiesto que decenas de millones de euros de ayuda a los dependientes se quedan sin ejecutar.