14.100 dependientes de Castilla-La Mancha no reciben los cuidados públicos o las ayudas necesarias para realizar las actividades básicas de su vida diaria. Esta falta de protección del Gobierno regional se produce a pesar de que esas personas tienen reconocidos oficialmente el derecho a la prestación social correspondiente a su situación. Además otras 5.776 personas están pendientes de que los servicios públicos regionales valoren si tienen pérdida de su autonomía física, mental, intelectual o sensorial y en qué grado; si son grandes dependientes, severos o moderados.
Según denuncia de la Plataforma de la Dependencia el problema es que muchos de ellos no llegarán nunca a recibir esos cuidados. La entidad estima que en lo que llevamos de legislatura en Castilla-La Mancha han fallecido 4.600 dependientes con derecho a ayudas que no llegaron a recibirlas. Para este dato, la Plataforma baraja datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y de la propia Plataforma
En la dialéctica política, el gobierno regional ha convertido a estas personas en porcentajes, que aplica a conveniencia a la evolución respecto a tal o cual fecha. Esta mirada política a la dependencia en Castila-La Mancha lleva camino de convertir oficialmente la atención a los dependientes en una cuestión estadística, más que en un derecho social.
Y mirado desde ese prisma, el de los números, las cifras son alarmantes. Esas 14.100 personas con derecho a atención por su estado permanente de necesidad de cuidados suponen el 22 por ciento del total de dependientes con derecho a prestación. A día de hoy (según los últimos datos oficiales) en Castilla-la Mancha hay 63.190 castellano-manchegos que tiene derecho a ser atendidos por el sistema de protección social público de la dependencia. Sin embargo el gobierno regional sólo presta ayuda a 49.090. Otros 14.100 forman la legión de lo que se conoce como “limbo de la dependencia”, personas con derechos reconocidos por la Consejería, pero que la Consejería no atiende.
En unos casos necesitan de teleasistencia, o de ayuda a domicilio o de atención residencial o que se les facilite una estancia en un centro de día o de noche. En otros la necesidad son prestaciones económicas para sus cuidados.
El gobierno regional mantiene un conflicto sobre la financiación de los servicios con el gobierno nacional y mantiene que el ejecutivo central debe más de 300 millones a la Comunidad en materia de dependencia. Mientras, el ejecutivo atiende otros gastos que no son de su competencia y que no están considerados como derechos sociales básicos.
Hace unos días el ejecutivo se refería a los dependientes con una batería de datos porcentuales. En un comunicado oficial el ejecutivo se vanagloriaba de que “El Gobierno del presidente Emiliano García-Page ha reducido entre enero y julio de 2017 en 12,20 puntos porcentuales el número de personas pendientes de recibir prestación en el Sistema de Dependencia de Castilla-La Mancha, que han pasado del 34,51 por ciento al 22,31 por ciento”.
Lo cierto y verdad es que durante el mandato del gobierno actual de Castilla-La Mancha los dependientes que tienen reconocida una prestación o ayuda, pero que no la reciben, han aumentado en 4.668, un cincuenta por ciento más de la cifra que el gobierno se encontró cuando asumió sus responsabilidades.
Además de esos 14.100 ciudadanos a los que el gobierno regional no cubre sus derechos, la Consejería mantiene a otros 5.776 sin someter a valoración. Es en ese proceso de valoración cuando los servicios determinan si el solicitante es considerado gran dependiente, porque ha perdido totalmente su autonomía y necesita de un apoyo indispensable y continuo de otra persona (es lo que oficialmente se conoce como grado I), dependiente severo, que es el que necesita de ayuda dos o tres veces al día para sus actividades básicas (grado 2) o con dependencia moderada, que necesitan de ayuda al menos una vez al día, por ejemplo, para comer y beber, controlar la micción o la defecación, lavarse o vestirse. (grado 1). No se reconoce el derecho a los solicitantes que se considera “sin grado”. Cuando el actual gabinete regional asumió el gobierno, había 5.093 castellano-manchegos pendientes de valoración, 683 menos que en la actualidad. Durante estos dos años se han registrado 1.164 solicitudes nuevas de prestación. Estos datos indican que en este periodo sólo se han resuelto 482 valoraciones, a razón de 20 al mes. Según ese ritmo el gobierno necesitaría 24 años para valorar la actual lista endiente
En la actualidad hay en Castilla-La Mancha 18.445 grandes dependientes, 21.621 con dependencia severa y 23.124 con dependencia moderada.
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