Aunque todas las Comunidades Autónomas se mostraron a favor de que se lleve a cabo esa mejora tras los ajustes a contrario que se produjeron durante la crisis, la discrepancia está en la financiación. Las Comunidades gobernadas por el PP exigen que ese nuevo gasto sea financiado por el gobierno central y las del PSOE aceptan la propuesta. De hecho, Cantabria y Andalucía ya habían iniciado esa senda y tendían a aplicar los mínimos en las horquillas de ratios de alumnos por aula y disminuir las horas de docencia. Algo que también hacen Cataluña y las forales del País Vasco y Navarra.
El Ministerio obligará pero no financiará la bajada de ratios de alumnos por aula y de horas docentes por profesor y tiempo de sustituciones
La medida del gobierno central deja en una delicada situación a aquellas Comunidades gobernadas por el Partido Socialista que no han aplicado esa reversión de los recortes, como Castilla-La Mancha. Ahora tendrá que hacerlo por ley pero con el mismo dinero. Lo que cuestiona que no lo hiciera con anterioridad, durante los tres años transcurridos de legislatura. Y la situación se complica aún más porque estas comunidades exigieron con urgencia un nuevo sistema de financiación al gobierno de Mariano Rajoy para mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Ahora esa urgencia ha pasado a segundo plano y esas Comunidades se conforman con que les aumenten los límites de endeudamiento. Esa posición supone que las regiones vendrán a pagar con créditos las nuevas medidas que impone el gobierno central, que de momento no tiene prisa en aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, que permitiría a las regiones cubrir esas medidas sin necesidad de hipotecarse. El problema es que si se transfiere más dinero a las regiones mediante un nuevo modelo de financiación o cubriendo las nuevas medidas, debe ser a costa del que tiene el gobierno central para llevar a cabo sus políticas, que también es insuficiente. Galicia y Castilla y León ya han cifrado el coste en 66 y 60 millones de euros anuales, respectivamente.
En ese escenario, hoy se vuelve a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera, nuevamente sin la presencia de Cataluña, que ya ha remarcado que su negociación será bilateral, algo que rechazan el resto de regiones y que vuelve a dejar en una delicada situación a los barones del PSOE que rechazaron una negociación especial con Cataluña. El propio consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha ya había señalado previamente a la reunión anterior que “quienes pretenden retirarse del Consejo de Política Fiscal y Financiera es porque consideran que deben tener derecho a más recursos de los que tenemos que tener los demás, una postura a la que Castilla-La Mancha se opone”. Si eso declaraba antes de entrar, a la salida destacaba que es un “motivo de satisfacción que no vaya a haber una negociación bilateral con ninguna Comunidad Autónoma en materia de financiación autonómica porque es con luz y taquígrafos cómo se deben adoptar las decisiones que afecten a los recursos con los que deben contar todas las regiones”.
El gobierno demora también la aprobación del nuevo modelo de financiación en el que se debería incluir la solución económica definitiva
De cara a la reunión que hoy celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el diario catalán “La Vanguardia” titula : “La Generalitat mantiene vacía su silla en el Consejo de Política Fiscal. El Govern justifica su ausencia por priorizar la negociación bilateral con el Ejecutivo de Pedro Sánchez”.
En esa situación, la reunión de hoy fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria individuales de cada región. Lo que se debate no es un mejor reparto de los fondos y que las Comunidades Autónomas cuenten con el dinero suficiente para revertir los recortes de la etapa de la crisis económica y profundicen en una mejor prestación de los servicios sanitarios, educativos y sociales. Lo que se va a debatir es darles la posibilidad de que se endeuden más en función del desequilibrio que presentan sus cuentas actuales y las previsiones a futuro.
Así las cosas, lo que queda patente es que todavía no se ha producido la recuperación de las cuentas públicas, que todas las administraciones necesitan más fondos para poder llevar a cabo sus competencias y que el gobierno central, de momento, no está dispuesto a ceder en favor de las Comunidades, que se verán obligadas a aplicar una normativa nacional que les supone gastar un dinero que no tienen, para lo cual deberán endeudarse aún más. Eso es lo máximo a lo que parece estar dispuesto a llegar el Ejecutivo nacional. Todo ello, a pesar de que en España el conjunto de sus administraciones debe rebajar en un par de años el volumen de su deuda, que debe pasar del 100% del PIB al 60%.
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No(
