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Los recortes continúan siete años después del rescate de Castilla-La Mancha
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Los recortes continúan siete años después del rescate de Castilla-La Mancha

martes 09 de octubre de 2018, 18:56h
Más allá de los discursos políticos, los datos de los presupuestos de Castilla-La Mancha revelan que el nivel de gasto en servicios públicos por parte del gobierno actual es similar al que se registraba hace doce años, en 2006, y muy por debajo de los registrados entre 2007 y 2010. Los datos ponen de manifiesto que los recortes iniciados con la crisis se mantienen, que buena parte de la factura de esta crisis la están pagado las infraestructuras públicas, con un fuerte recorte de las inversiones y que el gobierno destina cada vez más porcentaje de su presupuesto a cubrir los créditos y menos a los servicios públicos. El gobierno echa mano del apalancamiento para poder atender el pago del vencimiento de sus obligaciones, lo que hace que cada año la hipoteca regional aumente. Para recuperar los servicios públicos, Castilla-La Mancha necesitaría del orden de 1.250 euros adicionales cada año en un nuevo modelo de financiación. La semana que viene el presidente García-Page se entrevista con el presidente Pedro Sánchez.
A pesar de que los analistas han lanzado sus advertencias del riesgo del elevado endeudamiento y de que la próxima crisis económica estará provocada precisamente por esa fuerte acumulación de deuda, las administraciones públicas mantienen su política de acudir a los créditos para mantener el crecimiento de los gastos. En Castilla-La Mancha el gobierno ha batido récords y tiene acumulados créditos por valor 14.729 millones de euros y año a año destina mayor porcentaje de su presupuesto a cubrir los vencimientos de deuda.

Este año 2018 el gobierno destinará a cubrir amortizaciones 17,46 euros de cada 100 que tiene previsto gastar y otros 2,33 a pagar intereses. Prácticamente la deuda pública se come 2 de cada 10 euros presupuestados. En 2011 la deuda se comía sólo 15 céntimos de cada 10 euros, lo que permitía destinar el resto de los fondos a impulsar el crecimiento económico y social.

Para hacerse una idea del problema, a día de hoy el gobierno de Castilla-La Mancha, descontados los intereses, tiene previsto gastar 7.395 millones en operaciones no financieras (gastos en servicios públicos). Esa cuantía es similar a la que se gastaba la Junta de Comunidades hace 12 años, cuando ese gasto era de 7.366,5 millones de euros, y es muy inferior a la de 2007 (8.066 millones), 2008 (8.787 millones), 2009 (9.289 millones) y 2010 (9.501 millones).

El rescate de 5.000 millones

Precisamente la política expansiva del gasto de esos años (2006-2009), sin advertir el riesgo de la crisis financiera que se gestaba ni hacer las correcciones cuando ya estaba encima, provocó un agujero de más de 5.000 millones en las arcas de la Comunidad, que necesitó de un rescate que todavía estamos pagando y que es el origen de la escalada de la deuda en Castilla-La Mancha.

De hecho, hace 12 años, con un presupuesto similar al de hoy en día, la Junta de Comunidades destinaba a inversiones públicas (hospitales, centros educativos, depuradoras, carreteras…) 797 millones de euros. Hoy día se queda en 196 millones, la cuarta parte. Además, destinaba a ayudas a la inversión otros 1.277 millones de euros hoy son 431, la tercera parte que en 2006.

Son cifras que reflejan que el gobierno del presidente García-Page se mantiene en los recortes de los servicios públicos iniciados con el estallido de la crisis. De hecho y proporcionalmente nunca en lo que llevamos de siglo se ha destinado menor porcentaje del presupuesto regional a operaciones no financieras (servicios públicos), que en esta legislatura y especialmente en el último año. En 2018 será el 82,54% del presupuesto, en 2017 era el 82,83 y en 2016 el 84,49%. En los años previos a la crisis los porcentajes estaban por encima del 99%, lo que da idea del lastre que supone el pago de la deuda. El presupuesto crece, sí, pero esa expansión es fundamental y proporcionalmente mediante nuevos créditos con los que refinanciar los existentes y cubrir el déficit.

Las inversiones y ayudas a la inversión apenas han crecido 15,8 millones desde el último presupuesto de la legislatura anterior en un contexto en el que el presupuesto ha aumentado en 1.013 millones de euros. Es cierto que se incrementan los gastos de personal y las partidas de subvenciones corrientes. El problema es que la deuda, que en su día estaba prevista para gasto de inversión hasta este año ha servido para cubrir gastos que no son de inversión directa a los que no se llegaba. Si en 2015 se contemplaban 1.258 millones para pagos de créditos, en 2018 son 1.606 millones. Para atender esos pagos, y el déficit del año pasado, el gobierno regional tiene previsto este año pedir créditos por valor de 1.900 millones de euros.

Tal es el problema del endeudamiento que la Junta cada año pide más créditos que le sirven para atender al pago de las amortizaciones y los intereses de los créditos anteriores. Es como si una familia tuviese que aumentar su hipoteca todos los años para poder hacer frente al pago de las mensualidades de ese año, con lo que genera una deuda creciente con el banco.

Inicialmente 2018 debería ser el ejercicio en el que los intereses de los créditos existentes se deberían cubrir en parte con dinero procedente de los ingresos corrientes, no sólo con el de nuevos créditos. De hecho, este año está previsto que los gastos financieros (amortizaciones aparte) sumen 214 millones y que el gobierno incurra en un déficit y en nuevos préstamos por 167 millones, lo que equivale a que 57 millones de intereses estarían pagados con fondos corrientes. De ahí, una de las razones de la importancia de que el ejecutivo cumpla el objetivo de déficit.

Para revertir los recortes, sanear las finanzas y llegar a la situación previa a la crisis el gobierno regional debería contar con un presupuesto no financiero de 8.890 millones de euros, 1.280 millones de euros más que en la actualidad. Ese equilibrio sería el que permitiría afrontar un adecuado desarrollo de los servicios públicos y poder resistir a un empeoramiento de la situación económica. La cifra se aproxima a la barajada por el gabinete de García-Page cuando inició una ofensiva política y mediática para reclamar a Rajoy una financiación justa en un nuevo modelo de financiación. Un modelo que se consideraba urgente hace unos meses y que ahora, con el cambio en el gobierno nacional, ha pasado a un segundo plano en la agenda del presidente García-Page, que tiene la posibilidad de reactivarlo de cara a su encuentro el próximo día 15 con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.

La desaceleración de la economía y la retirada de estímulos por parte de las autoridades monetarias, con la consiguiente subida de los tipos y el fin de la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, anticipan un deterioro de la economía, que va a impactar con mayor rigor sobre aquellos sectores públicos o privados más endeudados. Esta modificación de la coyuntura económica hace prioritario el nuevo sistema de financiación y la renegociación de la deuda que la Junta mantiene con el gobierno central y que está en el entorno de los 11.000 millones.
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