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Una semana de muchos titulares sobre lo que se avecina
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Una semana de muchos titulares sobre lo que se avecina

jueves 18 de octubre de 2018, 19:46h
Un titular: “La fiscal general no ve delito de rebelión” (María José Segarra se ha reunido en dos ocasiones con los responsables del Ministerio Público en el Supremo para cambiar la acusación a los líderes del 'procés' encarcelados). Otro titular: “El expresidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, no ve delito de rebelión y duda si hubo de sedición”. Otro más: Un fiscal de Madrid critica el auto de Llarena: "La acusación por rebelión es injusta". Y otro: “ERC condiciona la negociación de los presupuestos de Sánchez a que el Gobierno inste a la Fiscalía a retirar todas las acusaciones contra los presos del 1-O”. Y otro: “Iglesias visitará a Junqueras el viernes: ‘Él y sus compañeros deben estar libres’"… A ello hay que sumar los de columnistas reconocidos que en la última semana hablan y dicen que lo de la rebelión es demasiado y que la prisión preventiva de un año es mucha prisión preventiva… Y otro titular: “Iglesias telefoneará a Puigdemont y el viernes visitará a Junqueras”… Conclusión: Ustedes dirán.
Y en esto va el presidente de Castilla-La Mancha y dice eso de que los independentistas no pongan a prueba a Pedro Sánchez. Lo de la visita del presidente de Castilla-La Mancha a La Moncloa ha dado más foto que contenido. Un titular: “El presidente García-Page consigue del Gobierno nacional el compromiso de duplicar la capacidad de la desalación en Levante en torno al año 2021”. Es lo más que sacó y así lo entendió la propia Presidencia de Castilla-La Mancha, porque el titular no es de ningún medio hostil, es el del propio comunicado de la Presidencia de la Junta. Y en cuanto a la foto, fue para el consumo de puertas adentro. El mismo día de la visita había fútbol, España contra Inglaterra, y la audiencia estuvo con el balón y no con las desaladoras.

La visita se produjo el mismo día en que el gobierno aprobaba el “Plan Presupuestario 2019”. Un documento que con la información trimestral se ha enviado a Europa. Ocupa 62 páginas y ha dejado muchos titulares. El primero: “el Gobierno prevé elevar en 5.678 millones de euros la recaudación con las nuevas medidas tributarias”.

Y cuando se desgranan los millones, aparecen más titulares: “El Gobierno prevé que la subida del SMI aporte 1.500 millones a las arcas de la Seguridad Social”. Otro: “Los autónomos tendrán que pagar 450 euros más al año por la subida del SMI”. Y otro: “Presupuestos. ATA (Asociación de Autónomos) avisa sobre el SMI: "No se pueden subir los costes laborales un 22% en un año" (calculan que el coste por trabajador con SMI será de 3.000 euros anuales. A esa cuantía hay que sumar los 450 euros de la cuota de autónomo). Y siguen los titulares: “ATA dice que la subida del SMI será un duro palo para los autónomos empleadores”… “ATA advierte: "La subida del salario mínimo puede destruir empleo y llevar a la economía sumergida”.

Los autónomos son, en cifras redondas y según los datos de afiliación a la Seguridad Social, 3.250.000 en España (150.000 en Castilla-La Mancha). Son muchos votos, los suyos y los de sus familias, de gente trabajadora, de clases medias y bajas en su mayoría. Y el gobierno no sabe cómo atajar algo que tiene mala pinta para la economía y para sus intereses electorales. De inmediato otro titular: “El Gobierno reacciona a las críticas y evitará que la subida del SMI afecte a la cuota de los autónomos”. Y otro titular lo explica: “Desvinculará la subida del SMI de la cuota mínima de autónomos si no entra en vigor la reforma por la que cotizarán por ingresos reales el 1 de enero”. Y de Málaga a Malagón, de lo malo a lo peor: “Cotizarán según ingresos”. Algo que ya se dijo, pero que por su impacto y porque los autónomos reclamaron idéntico trato en las retenciones fiscales, se aparcó para mejor momento. Y ahora se retoma.

Otros titulares siguen desgranando la reforma fiscal pactada por PSOE y Podemos para los presupuestos de 2019: “El Gobierno prevé recaudar más por la subida al diésel que de las rentas más altas”. Efectivamente, el Plan aprobado por el gobierno dice: “se incrementa la fiscalidad de los hidrocarburos en función de sus emisiones, lo que consiste en una subida de 38 euros por cada mil litros en el caso de los gasóleos” y a la hora de hacer números de lo que va a recaudar pone 670 millones por la llamada "fiscalidad verde" y un máximo de 667 millones por la subida a las rentas más altas tanto en IRPF como en Patrimonio. En concreto, por el incremento del IRPF prevé 328 millones más y por la subida del Impuesto de Patrimonio, 339 millones.

Y siguiendo con el aumento de los impuestos a los coches de gas-oil, otro titular: “Contaminación en Madrid: en barrio rico, coche eléctrico y en pobre, diésel”.

Y cuando se sigue desgranando y se llega a la tasa a las compañías tecnológicas, aparecen más titulares: “Hacienda prevé recaudar con la tasa Google tres veces más que la hipótesis optimista de Bruselas”.

En general los servicios de estudios ven inflados los ingresos y anotan el olvido de algunos gastos. Un titular: “El BBVA (servicio de estudios) ve unos presupuestos inflados y alerta de que faltan 2.000 millones en ingresos”. Entre los olvidos, la devolución de lo recaudado indebidamente por IRPF a las prestaciones por maternidad. La medida podría suponer un coste de 1.200 millones para las arcas públicas, que no figuran en el Plan Presupuestario y que debe reintegrarse a las mujeres tras la sentencia del Tribunal Supremo que declara exentas estas prestaciones por maternidad que paga la Seguridad Social.

Además de lo que se dice que se ingresa de más, los olvidos de gastos, hay algunos otros elementos para la controversia judicial y la resolución a largo plazo. Se estima que el coste del bono social debe recaer en las compañías eléctricas. Pero estas compañías dicen que esa medida social le corresponde al gobierno, esgrime sentencias del Supremo de cuando el PP intentó hacer lo mismo y anuncian la guerra judicial.

Es de aplaudir que el gobierno se haya propuesto un impulso de las políticas sociales, es de aplaudir que quiera que se sustente en una mejor redistribución de la fiscalidad… Pero una cosa es el objetivo y otra las herramientas para alcanzarlas. Y, las herramientas en muchos casos las ha puesto Podemos. Unos objetivos socialdemócratas plausibles con una visión fiscal y económica más a la izquierda que ya se ha demostrado ineficiente y errática. Parece que aquí la gran carga recaerá en las clases medias y bajas que directa o indirectamente (mediante la repercusión de los costes fiscales), terminarán por abonar esa factura social. El Gobierno y el PSOE deberían darle otra vuelta al Plan y en cualquier caso no engañarse con trampas en el solitario.

La situación social se agravó en España por la crisis financiera. A las entidades españolas se les inyectó 62.200 millones de euros (11 veces lo que pretende recaudar el gobierno con sus medidas fiscales) que estamos pagando todos los españoles. Los informes más optimistas dicen que el Estado sólo recuperará la décima parte de esos fondos. Los bancos rescatados se beneficiaron de ese dinero y los que acudieron al rescate además se beneficiaron de los activos de los rescatados. Las ayudas se articularon de tal manera que dicen que será imposible recuperar el dinero. Aunque claro, siempre hay formas, lo mismo que se han buscado ahora en el Plan Presupuestario.

En Estados Unidos la primera línea de ayudas para fortalecer el capital de más de 700 entidades supuso una inyección de dinero público de 205.000 millones de euros. Tres años después, el Tesoro norteamericano había ingresado 211.000 millones por el retorno de fondos e intereses. A ello hay que sumar las sanciones multimillonarias a determinadas entidades por las malas prácticas financieras.

Estados Unidos es la cuna del capitalismo y no tiene complejos, ni a la hora de prestar ni a la hora de cobrar. La economía norteamericana salió con rapidez de la crisis, las instituciones financieras se fortalecieron y el paro ha caído a mínimos de los últimos 50 años… Y el Estado ha recuperado su dinero.

Y entre tanto titular, uno para la conciencia y la verdad: “Las autonomías sólo ofrecen 150 plazas para el reparto de 11.000 menores inmigrantes” (Diario “El País” 12 de octubre de 2018). ¿Dónde están el alma y la solidaridad? … ¡Ah, es cuestión de dinero!
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