La distribución de los costes entre las distintas administraciones públicas para acabar con el vertedero de Seseña es una de las principales causas por las que todavía no se había iniciado el proyecto cuando se inició el incendio. La Comunidad de Madrid, en cuyo territorio está el 23 por ciento del almacén de neumáticos, no mostró el mínimo interés en el proyecto, que le podía suponer un coste cercano a los dos millones de euros. Esta falta de colaboración motivó que, en contra de lo que se ha dicho oficialmente, Castilla-La Mancha no dispusiera una partida concreta ni una cuantía concreta.
Según ha podido saber clm21.es, el gobierno regional no dispuso la partida concreta de 4,5 millones de euros en el presupuesto para 2016 para terminar con el cementerio de neumáticos de Seseña, tal y como se ha dicho durante el siniestro. No obstante, el Gobierno sí consideró firmemente la necesidad de acabar con el problema y contempló poder extraer el dinero necesario de “un cajón de sastre” que había dentro del programa 442, que es el dedicado a la protección del medio ambiente. La falta de concreción en el presupuesto se debió fundamentalmente a la dilación de la Comunidad de Madrid, que era remisa a aportar fondos al proyecto y se desentendió de esta cuestión en la que trabajaron fundamentalmente el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y la directora general del Ministerio del Gobierno de Mariano Rajoy. Ese tanteo para concretar los fondos fue el que demoró la ejecución del proyecto.
El titular de agricultura, Martínez Arroyo llegó a expresar públicamente en el mes de marzo su malestar por la escasa o nula colaboración de la Comunidad de Madrid y mostró su voluntad de actuar de forma inmediata “si tenemos la complicidad de Madrid”, una complicidad que nunca llegó. “El compromiso de la Comunidad de Madrid –llegó a decir en una ocasión Martínez Arroyo, según consta en algunos documentos- se ha diluido como un azucarillo”. El titular de Agricultura de Castilla-La Mancha dejó claro en varias ocasiones la razón por la que no se había abordado la retirada de neumáticos: “Hay que ver de qué manera hacemos entre todos el esfuerzo económico que supone esto”.
“El compromiso de Madrid se ha diluido como un azucarillo”, se quejó en marzo el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha
Hasta el mes de marzo, la directora general del Ministerio y los viceconsejeros de Medioambiente de Castilla-La Mancha y Madrid habían tenido cuatro sesiones de trabajo. Pero las sesiones terminaron sin concreciones y sin el reparto de las cargas que pudiese suponer el proyecto. En una ocasión y ante el temor premonitorio de un diputado del Grupo Popular de que se pudiese registrar un incendio en el vertedero, Martínez Arroyo manifestó: “Esto cuesta dinero. La Comunidad de Madrid hizo política demagógica con esto y yo he hablado con el consejero y he estado en un programa de televisión con él en directo en Madrid. Y, bueno, la Comunidad de Madrid no tiene ningún interés en resolver el problema... Yo quiero que el cementerio desaparezca, pero hay que ver de qué manera hacemos entre todos el esfuerzo económico que supone esto”
Asimismo, el responsable castellano-manchego mantuvo cinco reuniones con Signus Ecovalor, una entidad sin fin de lucro con acreditada experiencia en el tratamiento de neumáticos usados. Fue creada en 2005 a iniciativa de los principales fabricantes de neumáticos que operan en España para el reciclado de las cubiertas usadas. De hecho, los principales miembros del consejo de administración lo son en representación de Michelin, Bridgestone, Goodyear Dunlop, Continental y Pirelli.
La entidad que iba llevar a cabo el proyecto era Signus Ecovalor, creada por los fabricantes de neumáticos para su reciclado
Esta sociedad gestionó durante 2014 un total de 175.288 toneladas de neumáticos usados (las cifras barajadas de los almacenados en Seseña varían según la fuente entre 80.000 y 100.000 toneladas). De ellas 23.500 fueron destinadas a reutilización, 60.800 a granulación, 87.000 fueron a cementeras y 2.700 a generación de energía eléctrica. El tratamiento de estas cantidades permitió reciclar y poner en el mercado 50.500 toneladas de granulado de caucho, 14.000 toneladas de acero y 8.000 toneladas de textil.
A Signus se le pidió un plan para acabar de forma ágil y rápida con los cinco millones de neumáticos de Seseña. No ha trascendido el motivo por el que se frustró la idea original de que fuese la compañía Signus la que se encargase de acabar con el cementerio de Seseña y se derivase hacia una empresa pública, bien Tragsa bien EMGRISA, en la que todavía no se han puesto de acuerdo el Ministerio y el Gobierno regional
Al parecer una de las razones para variar el proyecto de reciclado podía estar en la titularidad privada de SIgnus (entidad privada sin finde lucro) y otra en el destino final del producto puesto en el mercado. En Castilla-La Mancha se apostó para que los neumáticos terminasen convirtiéndose en gas-oíl para calefacción y que ese combustible fuese adquirido por la propia administración para los centros públicos. Apuesta por la que mostró públicamente su preferencia Martínez Arroyo en su comparecencia junto a su homólogo de Madrid el pasado día 16.
Así pues, y descartado Signus, otra de las causas hay que buscarla en las discrepancias existentes entre los dos actores activos del proyecto, Castilla-La Mancha y el Ministerio de Agricultura en torno a quién se tenía que ocupar del reciclado. Mientras que la Comunidad Autónoma defendía y defiende que las tareas las realizase la Empresa para la Gestión de Residuos Industriales Sociedad Anónima (EMGRISA), el Ministerio quería que la labor fuese llevada a cabo por la empresa pública de Transformación Agraria Sociedad Anónima (Tragsa).
El Gobierno de CLM, en contra de lo dicho, no dispuso una partida de 4,5 millones para el proyecto. Tenía previsto sacar los fondos necesarios de un “cajón de sastre” del programa 442
Lo curioso del caso es que ambas sociedades son públicas y están participadas mayoritariamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). EMGRISA FUE constituida por el Ministerio de Agricultura en 1990 como instrumento público para llevar a cabo los planes nacionales de residuos industriales y de descontaminación de suelos y en 2003 se integró en el grupo Enusa Industrias Avanzadas S.A. junto a la compañía especializada en transporte ETSA. EMGRISA está participada al 60 por ciento por la SEPI y el otro cuarenta por ciento pertenece al Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (CIEMAT).
Tragsa también se ha constituido como grupo empresarial y tiene diversificada su actividad en el sector forestal, agua, emergencias, sanidad vegetal y animal, explotación agropecuaria… El grupo está constituido por la matriz del mismo nombre, fundada en 1977 y las filiales Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec) y Colonización y Transformación Agraria (CYTASA) y Tragsa Brasil.
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