Las sociedades de gestión de neumáticos usados Signus y TNU hicieron sendos informes para el Ministerio de Agricultura y para las Comunidades de Madrid y de Castilla-La Mancha en los que se concluían que las instalaciones de la empresa que estaba en Seseña no tenía capacidad para llevar a cabo el reciclaje de los cinco millones de ruedas ni en tiempos adecuados ni en costes. Los informes fueron entregados en el mes de marzo de este año.
Estas sociedades sin fin de lucro, formadas por los fabricantes y por los importadores de neumáticos, recomendaron llevar a cabo la contratación de varias compañías para poder reciclar las 100.000 toneladas de una forma rápida y estimaron que el proceso de reciclaje de las cubiertas podía durar tres años y costar hasta tres millones de euros por año. Como señalan desde Signus es un proceso complejo, “porque los neumáticos se fabrican para evitar que se destruyan con facilidad a fin de garantizar la seguridad de los conductores”. Precisamente esta circunstancia les hace pensar que el incendio fue intencionado “las ruedas no arden con tres cerillas, necesitan un fuerte poder calórico para iniciar la combustión”
En España hay 16 instalaciones de trituración y/o granulación y 32 empresas recogedoras. La capacidad de reciclado en España es de 680.000 toneladas anuales. 300.000 mediante la valorización energética (generación de electricidad mediante el aprovechamiento del calor generado en la incineración de residuos) y 380.000 a través del reciclado.
Los estudios fueron elaborados por los técnicos de las sociedades de gestión de neumáticos usados, a propuesta de las administraciones
En 2014 y bajo los gobiernos anteriores se inició el triturado, alcanzándose una media de 1.000 toneladas al mes. Un proceso demasiado lento, porque las provisiones oficiales tenían previsto que el vertedero estuviera expedito en septiembre de 2015. Llegada esa fecha, en el lugar todavía se acumulaban entre 80.000 y 90.000 toneladas y sólo se habían reciclado 7.000. En esa fecha, los nuevos equipos de Cristina Cifuentes y García Page estaban empezando a rodar.
En octubre de 2015, representantes de las tres administraciones implicadas tuvieron reuniones con las sociedades de gestión Signus y TNU, a las que se les pidió un plan para acabar de forma ágil y rápida con los cinco millones de neumáticos de Seseña. Los informes debían contemplar el alcance del problema, las posibles soluciones, los plazos y costes. Las sociedades desplazaron a sus técnicos al vertedero, que constataron que “lo que allí había montado no servía para reciclar en un tiempo adecuado los residuos y que además el coste de trituración sería muy elevado”.
Según la normativa española, los fabricantes e importadores de neumáticos están obligados a gestionar el reciclado de los productos que ponen en el mercado. El proceso de aprovechamiento de las ruedas usadas mediante la valorización energética y el triturado y granulado es deficitario, es decir el beneficio que se obtiene no cubre los costes del tratamiento, por ello, los consumidores pagan una tasa cuando compran cada rueda. Ese dinero gestionado por los fabricantes e importadores viene a cubrir el déficit del proceso de reutilización. Las dos sociedades de gestión promueven la recogida y la transformación de neumáticos usados a través de concursos que son adjudicados a las ofertas más ventajosas.
Castilla-La Mancha, Madrid y el Ministerio contactaron con las sociedades de gestión de neumáticos usados en octubre
El vertedero de Seseña está considerado como un almacén histórico, previo a la normativa que obliga a los fabricantes e importadores a hacerse cargo de los neumáticos fuera de uso en igual cantidad a la puesta en el mercado nacional, según Signus. El decreto de gestión de neumáticos fuera de uso data de finales de diciembre de 2005 y en él se contempla que los neumáticos no podrán almacenarse más de un año, ni en cantidades que superen las 30 toneladas y que los productores podrán cobrar una tasa para pagar el reciclado. En la actualidad, cada vez que compramos una rueda pagamos entre 0,8 euros (motocicletas) a 11,15 euros (camiones) por este concepto. Los turismos pagan 1,33 euros por rueda.
Con los informes de Signus y TNU en la mano, las administraciones, tal y como ya ha informado clm21.es, el Ministerio y Castilla-La Mancha se decantaron por hacer la encomienda a una empresa pública. El ministerio, más exactamente, la dirección general de Evaluación y Calidad Ambiental, se decantaba por Tragsa y la Junta de Comunidades por Emgrisa. Madrid se desentendió de la solución por el coste aparejado.
Castilla-La Mancha iba a asumir todo el coste del proyecto, 5,6 millones, de euros ante la pasividad de Madrid
Así las cosas, Castilla-La Mancha tenía previsto asumir todo el coste de la eliminación del vertedero de Seseña y del reciclaje de los cinco millones de neumáticos que se acumulaban antes del incendio, según ha explicado a clm21.es el consejero de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Martínez Arroyo. En total 5,6 millones de euros, lo que arrojaba un coste medio de 1,1 euro por rueda. Sin embargo esa partida no estaba consignada en el presupuesto con esa cifra. La explicación del titular, Francisco Martínez Arroyo, es que el 80 por ciento del proyecto iba a ser financiado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), lo que supone 4,5 millones de euros y el 20 % restante con fondos propios, que equivale a 1,1 millones de euros, que si aparecerían en la partida de nuevas inversiones a realizar por la Junta de Comunidades dentro del programa 442D gestionado por la Viceconsejería de Medio Ambiente, que está dotada con 1.542.000 euros. La cofinanciación europea se habría conseguido tan sólo hace tres semanas, según el consejero.
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