El periodo medio de pago (PMP) del Gobierno Regional a sus proveedores aumentó ligeramente durante marzo respecto al mes anterior. En concreto el plazo se situó en 23,02 días, ocho más que en febrero, según los datos facilitados por el propio ejecutivo. Hoy se deben publicar los datos del Ministerio de Hacienda del PMP de todas las Administraciones Públicas españolas, que permitirán conocer la radiografía de la eficiencia y, en su caso, plazos de morosidad del sector público español. En febrero, Castilla-La Mancha fue la región española más ágil en el pago de sus facturas, sin tener en cuenta a las dos Comunidades Forales, Navarra y País Vasco, que tienen un sistema de financiero diferenciado.
Respecto a igual periodo de 2015, el periodo medio de pago se reduce en 20 días
Según la serie, el PMP del mes de febrero fue de 15,26 días. En marzo, el plazo aumentó a 23,02 días. En el mismo periodo de2015 el tiempo que tardaba la Junta de Comunidades en pagar a sus proveedores era de 43,39 días. Los datos del mes de marzo de este año no contemplan la morosidad de tres fundaciones: Semana de Música Religiosa de Cuenca, Hospital Nacional de Parapléjicos y Cultura y Deporte, que no remitieron los datos a la intervención general de la Junta de Comunidades para incluirlos en la serie mensual.
El sistema de control y cálculo del PMP se impuso para todas las administraciones mediante la ley de estabilidad presupuestarias y sostenibilidad financiera de 2012, la Ley 9/13 de control de la deuda comercial y un decreto en 2014 por el que se desarrollaba la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. De tal forma que, la Comunidad Autónoma que rebase el plazo de 60 días en sus pagos, debe realizar un plan de tesorería. Si persiste en el incumplimiento, el Ministerio asume el pago de esas facturas, detrayendo los fondos de la financiación que le tiene que enviar a la Comunidad Autónoma. Además, la Comunidad Autónoma ve limitada su capacidad de endeudamiento, porque las operaciones de crédito deben ser aprobadas por el Ministerio. Aún más, si la Comunidad Autónoma mantiene los incumplimientos, el Ministerio puede enviar a una Comisión de Expertos que elaboren un catálogo de medidas de obligado cumplimiento que, puede obligarle a realizar recortes presupuestarios.
Si (
No(
