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Fachada del Palacio de Fuensalida, sede del gobierno regional.
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Fachada del Palacio de Fuensalida, sede del gobierno regional. (Foto: JCCM)

Necesidad de un gran acuerdo regional tras el 26M

jueves 18 de abril de 2019, 22:26h
Las cifras publicadas esta semana, que hacen referencia por un lado a las finanzas públicas y por otra a la situación de la sanidad, revelan que Castilla-La Mancha mantiene un profundo desajuste estructural, que tiene una financiación insuficiente para prestar adecuadamente los servicios públicos.
Y más allá de las legítimas discrepancias políticas y de las campañas de comunicación de gobierno y oposición, los datos empujan a la necesidad de que se dé un gran acuerdo regional pasadas las elecciones regionales de mayo. Seguir empleando los datos por unos y por otros como arma arrojadiza o para sacar pecho frente al otro (Yo mejor que tú. Tú peor que yo), no aporta nada a la solución del problema. Y el problema afecta a todos los ciudadanos. No son necesarias auditorías. El sistema hace aguas. Es preciso acometer soluciones esenciales, no aplicar parches para ir tirando.

Los datos reflejan que los recursos son insuficientes y que la sanidad, el servicio público más esencial, ha mejorado en aquellas áreas en los que se han destinado los pocos recursos adicionales que ha propiciado la mejora de la economía y ha empeorado en aquellas prestaciones que precisan de más dinero. Es necesario e indispensable que la Comunidad Autónoma acometa un proceso profundo de transformación. Y sería conveniente que esa senda se inicie partiendo de un consenso, de un gran acuerdo político económico y social, que defina el horizonte de la Autonomía.

Esta semana se ha conocido que la Comunidad cumplió con el objetivo de déficit en 2018 por primera vez porque habían existido unos ingresos extraordinarios, lo que pone de manifiesto que es necesario replantearse el sistema de financiación (ingresos) y, en su defecto el de gastos, porque la Comunidad tiene un déficit estructural en su financiación y mientras no se resuelva es imposible que despegue y que se presten adecuadamente los servicios, gobierne Cospedal o gobierne Page.

Y ese déficit se ha cubierto en los últimos ocho años acudiendo al crédito, situando a la Comunidad a la orilla del abismo financiero. La deuda aumenta -décima arriba, décima abajo- al compás del crecimiento de la economía regional, cuando debería reducirse por imperativo legal, financiero y de subsistencia.

Esta semana se ha conocido también que por primera vez en 2018 dejaron de aplicarse recortes al gasto (los hizo el gobierno anterior y el actual en 2016 y 2017) gracias a un mejor comportamiento de los ingresos. Pero que esa situación excepcional en la recaudación no es recurrente y la Autoridad Independiente reclama al gobierno que en 2019 vuelva a los recortes del gasto y lo haga este año por valor de 210 millones de euros.

Aún más: esta semana se ha conocido que la sostenibilidad financiera de Castilla-La Mancha sigue en riesgo extremo y que en un escenario futuro como el que prevén los economistas, la situación empeorará, porque los intereses serán más caros y porque existirá mayor limitación para acudir a nuevos endeudamientos, lo que traducido a la vida diaria implicará más recortes en los servicios públicos.

Más allá de balances triunfalistas o negacionistas, esta legislatura ha destacado por el intento del gobierno de recomponer las políticas de personal, eje sobre el que pivotan los principales servicios públicos de la Comunidad. Aunque la falta de fondos y las necesidades que reclaman estas políticas han limitado el alcance de las medidas. Ni tanto como presume el gobierno, ni tan poco como dice la oposición. El resto, salvo temas concretos, ha quedado más en voluntarismo y anuncios que en realidades, algo que el gobierno ha manejado muy bien, pero que no ha pasado desapercibido para la oposición que ha denunciado la situación semana sí, semana también.

Asimismo ha destacado en sanidad el plan de renovación tecnológica de los hospitales, que ha llevado un ritmo lento, pero que se empieza a sentir sobre una de las tres listas de espera, la de pruebas diagnósticas, que se reduce a un ritmo importante. En cambio, la falta de recursos, como ocurriera en la legislatura pasada, para impulsar las inversiones en infraestructuras sanitarias se ha dejado sentir sobre la lista de espera quirúrgica, que es mayor de la que había al principio del mandato, en junio de 2015, con la circunstancia agravante de que los tiempos máximos de espera se han disparado. Esto es lo que vienen reflejando mes a mes las listas de espera, más allá de la forma de contabilizar pacientes y de las disputas políticas. Todo apunta a que en la segunda mitad de la legislatura que viene esa situación tenderá a corregirse, con la entrada en funcionamiento de nuevos centros como el hospital de Toledo en la mayoría de los servicios, porque hay otros con déficits estructurales abismales. Hasta la fecha el gobierno ha recurrido a las derivaciones sanitarias a clínicas privadas para tratar de contener el problema, a pesar de que había criticado duramente este remedio cuando estaba en la oposición.

Pero hay nuevos retos, como es la falta de personal especializado en áreas de atención como la primaria o de médicos de familia, el gran tapón acumulado en algunos servicios como el de traumatología, y terminar de resolver los vacíos y las deficiencias en materia de personal, como la contratación precaria, que año a año ponen de manifiesto algunos colegios profesionales, como el de médicos de Toledo. Y lo hacen con prudencia, alejándose del ruido político. También es preciso abordar el gasto en material farmacéutico y en material sanitario desechable que supera los 1.000 millones de euros anuales y que crece a un ritmo mayor que el conjunto del presupuesto, lo que proyecta que será insostenible a medio plazo.

Lo de las políticas de personal es algo que afecta también a los docentes. En educación la perspectiva tiende a empeorar en la media en que el gobierno central quiere reducir los ratios de alumnos por aula y acelerar la cobertura de vacantes. Eso significa más dinero. Y el dinero no llega. Y el dinero no tiene color. Ni es azul, ni rojo, ni morado, ni naranja, ni verde.

Y en materia de dinero, Castilla-La Mancha depende fundamentalmente del gobierno central y del modelo de financiación. Y mientras este no cambie, será difícil abordar un plan adecuado de recuperación de los servicios públicos, que sufrieron los embates de la crisis.

El tercer pilar social que depende de las Comunidades Autónomas es el de la dependencia. Y ahí el gobierno central tiene que cumplir los compromisos establecidos cuando se diseñó el sistema, no acomodarlo a su conveniencia en función de si hay crisis o más o menos ingresos, porque la crisis y el comportamiento de la recaudación afecta a todas las administraciones.

Todo eso es el interés general. Y alguien debería hablar de ello en el periodo electoral en el que el 26 de mayo se elegirá un nuevo Parlamento Regional y un nuevo presidente de la Junta. Y hacerlo sin tomar a los ciudadanos por simples. Si las cosas se explican se pueden entender. Es tan sencillo como decir: El dinero no llega. Vamos a reclamar más. Mientras viene, vamos a priorizar el gasto y vamos a sacrificarnos todos. Y vamos hacerlo todos unidos. Churchill dijo algo parecido a eso en la Segunda Guerra Mundial, cuando era tiempo de “sangre, sudor y lágrimas”. Y con esa política, el Reino Unido y los británicos ganaron la guerra y reconstruyeron el país (interés general). Cierto es que Churchill perdió las elecciones (interés de partido).
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